Colombia ha construido un modelo de educación superior mixto, soportado actualmente por cerca de 300 instituciones, públicas y privadas, con un número importante de estudiantes (2.355.603 a 2020), de los cuales 1.203.895 cursan sus estudios en instituciones de educación superior públicas y 1.151.708 en instituciones privadas. La cobertura actual de la educación superior es del 52%, frente a la meta del 60% que se definió en el actual Plan Nacional de Desarrollo, lo cual constituye un reto para el próximo gobierno.
Por tanto, un punto central para el debate y las propuestas de los candidatos es la sostenibilidad financiera del sector bajo los requerimientos de la calidad de la oferta y de la ampliación de cobertura. La financiación de este sistema mixto, hasta la fecha, se ha adelantado con aportes directos del Estado a las instituciones públicas para financiar la oferta, según lo define la Ley 30 de 1992 y aportes del Estado para programas que financian la demanda, tanto en instituciones públicas como privadas (Generación E, Matricula Cero). En las instituciones privadas, los costos de la matrícula los asumen en su mayoría las familias y los estudiantes, en cuyo caso, el ICETEX ha tenido un papel decisivo durante más de siete décadas, financiando las matrículas de pregrado y posgrado mediante diversas modalidades, según las condiciones socioeconómicas de los usuarios y con un impacto directo en el aumento de cobertura, la permanencia y la graduación de los egresados de la educación superior
Sin duda, el crecimiento del sector y las necesidades de mantener un sistema de educación superior articulado, pertinente y con altos estándares de calidad académica, plantea la urgencia de definir políticas de Estado para garantizar la sostenibilidad financiera y el avance en calidad, tanto de las instituciones públicas como privadas, de tal manera que puedan seguir aportando al país el conocimiento y los profesionales necesarios para su desarrollo social y productivo, para que puedan fortalecer capacidades que permitan mantener y ampliar la cobertura, con ofertas de programas que respondan a las necesidades de las regiones y brinden mayores oportunidades para los jóvenes más vulnerables y alternativas para el desarrollo de la región. Con este propósito se han adelantado de tiempo atrás estudios y propuestas sobre el financiamiento y sostenibilidad de la educación superior, las cuales se han presentado ante distintas instancias, con el ánimo de aportar referentes para comprender la complejidad del sistema y buscar alternativas que permitan perspectivas de largo aliento para fortalecer el sistema y atender las necesidades prioritarias para garantizar acceso.
Dentro de estas propuestas orientadas a garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes que ingresan a las instituciones privadas, se han acompañado iniciativas orientadas al fortalecimiento del ICETEX y de todos los programas que atienden la financiación de la población más vulnerable en el acceso y permanencia a la educación superior. Es importante destacar que los servicios ofrecidos por el ICETEX, cuyo objetivo principal es el de facilitar el ingreso de los estudiantes a programas de educación superior mediante becas para estudios en el exterior; administración de fondos por contrato de mandato, que se traducen en créditos condonables y créditos reembolsables, evidencian que la mayor proporción de los desembolsos realizados por la entidad son destinados a la financiación de programas de pregrado, que para el año 2020 representó $204.903 millones de pesos, y la mayor parte de los recursos provenientes de créditos y subsidios son destinados a los estratos 1, 2 y 3. El Gobierno nacional y el propio ICETEX han trabajado para adelantar importantes reformas desde el punto estratégico y operativo de la entidad, que incluyen cambios en las fuentes de fondeo, fortalecimiento de los servicios de orientación y acompañamiento al estudiante, mejoramiento de su estructura y gobernanza y trabajo con las IES para reducir la deserción.
En cuanto al crédito contingente al ingreso, uno de los asuntos en los que se ha puesto mayor interés para atender acceso a instituciones privadas, la Ley 1911 de 2018 fue el primer acercamiento a la implementación de esta herramienta en el país. (Art. 118). Las disposiciones de la Ley no han sido aún ejecutadas y, en consecuencia, el Gobierno nacional incluyó en el Proyecto de Ley de Presupuesto de 2022, un artículo que le da facultades para reglamentar el crédito contingente al ingreso en Colombia, el cual debe aportar a la sostenibilidad fiscal del sistema.
Además de estas consideraciones generales sobre la financiación de la educación superior, la Asociación Colombiana de Universidades cuenta con estudios recientes que pueden ser de utilidad para el debate. Adicionalmente, estamos cursando una invitación a cada uno de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, para entablar un diálogo con los rectores y con las comunidades universitarias sobre temas sensibles para el presente y el futuro del país, dentro de los cuales está el de la sostenibilidad del sistema en condiciones de equidad. Desde el ánimo de nuestra Misión, estamos atentos para aportar información y argumentos que permitan un diálogo constructivo que fundamente los planes del próximo gobierno.
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