Luego de la insistencia de la Asociación Colombiana de Universidades para mostrar la inconveniencia de permitir la oferta de programas de maestría y doctorado por parte de los centros de investigación, el sector de la educación superior recibe con preocupación la Ley 2142 que contradice los propósitos de calidad que orientan el desarrollo de un país.
En la legislatura 2017-2018, la iniciativa para autorizar a institutos o centros de investigación a desarrollar programas académicos de doctorado fue radicada por la H.S Sandra Villadiego bajo el Proyecto de Ley 108 de 2017 Senado. En aquella oportunidad, ASCUN presentó su postura institucional con profundas observaciones ante la iniciativa parlamentaria, la cual quedó registrada en la Gaceta del Congreso 110 de 05 de abril de 2018. Por falta de trámite este Proyecto de Ley fue archivado.
En la legislatura 2019-2020, por iniciativa del H.S Carlos Andrés Trujillo, fue radicado el Proyecto de Ley 195 de 2020 Senado cuyo propósito era ya no sólo autorizar a institutos o centros de investigación a desarrollar programas académicos de doctorado sino también incluir las maestrías. En esta oportunidad ASCUN presentó, el 5 de marzo de 2020, nuevamente postura institucional con consideraciones adicionales, demostrando ampliamente la inconstitucionalidad e inconveniencia de esta iniciativa.
Desde la academia entendemos que: “Las políticas públicas son el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que busca la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables” (Alejo Vargas 1999).
Las preguntas que se hacen en el sector buscan esclarecer cuál fue la problemática identificada que requería este proyecto de Ley, qué modelos internacionales fueron tenidos en cuenta, qué trabajo técnico sustentó su formulación y su incomprensible aprobación mayoritaria en el Congreso. Una política pública convoca consensos alrededor de la satisfacción de las necesidades y demandas de la sociedad y garantiza la adhesión ciudadana en los postulados de la política (Pulido 2022).
Esta Ley está totalmente desconectada de las realidades y necesidades del país en torno a la formación doctoral, ubica a las universidades privadas y públicas en un nuevo escenario que poco favorece la formación de capital humano de alto nivel, distorsiona una realidad del trabajo armónico que las universidades y los institutos y centros de investigación vienen desarrollando, y genera un marco de incertidumbre de no muy claros alcances e intereses.
ASCUN lamenta profundamente que el Gobierno nacional haya sancionado la Ley 2142 de 2021, pese a la presentación de argumentos en el seno del Congreso de la República y a los grandes esfuerzos del sector de la educación superior para ser escuchados y tenidos en cuenta.
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