“Decomisar la dosis personal es un atentado a la libertad”: Universidad Libre

“Decomisar la dosis personal es un atentado a la libertad”: Universidad Libre
  • La institución afirma que el proyecto de decreto es anti técnico e inconstitucional.
  • Ignora los precedentes jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha decidido sobre este polémico tema.
  • Según la Universidad Libre, deben ser la dignidad humana, la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad los llamados a prevalecer en este debate. No los intereses conservadores del Gobierno.
Bogotá, 1 de octubre de 2018. El documento que hoy se hizo público y que entró en vigencia no va acorde a las exigencias de la Corte Constitucional para la prohibición del porte y la tenencia de drogas; persigue un procedimiento policiaco sancionatorio que pretende ejercer una coerción por parte del Estado sin que dicha medida esté encaminada a los fines exigidos por el alto tribunal que, además, tiene como exigencia ineludible el consentimiento informado del consumidor. En otras palabras. “es anti técnico e improcedente a todas luces”, afirmó Óscar Castelblanco, profesor constitucionalista de la Universidad Libre.

El Presidente Duque, con esta decisión, no solo está demostrando el desconocimiento que tiene del precedente jurisprudencial constitucional que antecede este polémico tema, sino que además está pasando por alto lo que ha dicho y decidido al respecto la Corte Constitucional.
 
¿Qué dicen los antecedentes?

Según Castelblanco, el origen de la actual controversia se presentó hace más de 30 años, cuando el legislador expidió la Ley 30 de 1.986 bajo el amparo de la anterior norma constitucional de un fuerte arraigo conservador, situación que cambió de manera absoluta con una nueva concepción liberal del derecho y del Estado, donde a esa vieja cláusula del Estado de Derecho se le agregó el término Social, en la Constitución del 1991.
 
 “Al cambiar el orden constitucional, dicha ley entró en una inconstitucionalidad sobreviniente por cuanto los derechos individuales, inherentes a la persona y que expresan la esencia del ser humano, deben tener una mayor consideración que justifique el orden jurídico”, explicó. 
 
Por lo tanto –agregó Castelblanco–, “son la dignidad humana, la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, los llamados a prevalecer en este decisivo debate; y no pueden estar por debajo, por muy importantes que sean, de otros principios como la seguridad o la salubridad pública, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia C-221 de 1.994, conocida como la que legalizó la dosis mínima personal”.
 
Lo anterior, no ha sido de buen recibo por parte de los representantes del Gobierno, como es el caso del ex Procurador y hoy Embajador designado ante la OEA, Alejandro Ordoñez; y del Ex presidente de la República y actual Senador, Álvaro Uribe Vélez, quien desde su posesión de mandatario intentó fallidamente disminuir los efectos del citado fallo.

En su primer intento, lo propuso como uno de los 18 puntos del referendo constitucional que sometió al pueblo colombiano en el 2.003, sin lograr materializar tal fin. Posteriormente, lo hizo de nuevo al diezmar los efectos de la sentencia referida, reformando la Constitución por medio del Congreso, a solicitud del Gobierno; dicho acto legislativo fue aprobado en el 2.009, el cual sufrió un control de constitucionalidad posterior, al alegar los accionantes que con dicho acto legislativo se estaba sustituyendo la constitución al querer eliminar una cláusula esencial de la carta magna como son la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
 
“Esta acción de inconstitucionalidad no prosperó por errores en su formulación, la Corte Constitucional terminó inhibiéndose por una ineptitud sustancial, pero aprovechó el órgano de cierre constitucional para aclarar el precedente en relación a dicha reforma a la Constitución”, dijo el experto.

Lo primero que dejó claro el alto tribunal con este fallo, es que se mantuvo la decisión que permitió la legalización de la dosis mínima, concomitante a ello, el acto legislativo del 2.009 pretendió restringir el “porte y tenencia” de dichas sustancias, pero como quedó establecido en los ocho debates en el Congreso, dicha prohibición, única y exclusivamente, podría llevarse a cabo bajo los parámetros preventivos, pedagógicos y profilácticos (conservación de la salud), con la condición ineludible del consentimiento informado del adicto.
 
Posterior a ello, al legislador al expedir el Código Nacional del Policía, solo hizo una enunciación reiterando la prohibición del porte y la tenencia de drogas, sin hacer referencia alguna en la exigencia de la Corte Constitucional para dicha prohibición.

Una decisión que atropella la libertad personal

Con todo este escenario legal ilustrado, a partir de hoy en Colombia se comenzarán a perseguir a los adictos, sin causa justa por lo menos desde lo jurídico. 
 
Al pasar de un país productor a una sociedad consumista de drogas, el Gobierno del Presidente Duque hizo público y logró que entrará en vigencia un proyecto de Decreto reglamentario para combatir dicho flagelo, manteniendo la posición ideológica de su partido político, pero saltándose el ordenamiento constitucional de la carta liberal de 1.991.
 
En conclusión, “pareciera que esta medida, partiendo de la presunción de legalidad, pretende generar un hecho político de confrontación al problema de la drogadicción, mientras el mismo documento es demandado ante el Consejo de Estado, y este lo declara inconstitucional, pero con ello, ya se ha ganado un tiempo de persecución a consumidores (los más débiles) y se ha justificado para llevar a cabo cualquier otro medio de coerción”, puntualizó Castelblanco.