Transición energética, más que tecnología, oportunidad para reducir la pobreza. (UNAL)

Entre los retos a superar están la continuidad y la confiabilidad, habilitando, por ejemplo, agentes de desarrollo territorial provenientes de las mismas comunidades, quienes además de buscar la garantía del acceso a la energía a escala individual buscarían promoverla desde lo colectivo, como oportunidad de desarrollo y productividad territorial.

Foto: Elizabeth Arboleda Guzmán, profesora Facultad de Arquitectura, UNAL Sede Medellín.

Colombia podría aprovechar el incremento de las fuentes de energía no convencionales –provenientes del viento, el Sol o el hidrógeno–, no solo para mitigar la crisis climática sino también para mejorar las condiciones sociales y económicas de la población vulnerable. Las cooperativas para la energía comunitaria que existen en países como Alemania, Canadá y Argentina servirían como referencia para ajustar leyes y políticas públicas en el país.

Aunque la transición energética suele asociarse con la circulación de carros eléctricos, la instalación de paneles solares y las granjas eólicas, este hecho histórico y de gran magnitud también impactará la vida de las personas y podría desencadenar cambios importantes en el ámbito social y cultural.

Un ejemplo de ello es que actualmente el consumo de energía por persona en Colombia es de 1.159 kW por año, y se espera que con los más de 17.500.000 kW adicionales anuales que se generarán mediante fuentes no convencionales haya una disponibilidad adicional de 12,64 kW per cápita.

“Si hacemos el cálculo para todo el país serían 0,39 kW adicionales por persona, y así se podría suplir a las poblaciones que no cuentan con energía de forma permanente”, señala la profesora Elizabeth Arboleda Guzmán, adscrita a la Escuela de Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

Este impacto sería crucial socialmente, teniendo en cuenta que el derecho a la energía habilita otros derechos. “Estar en condición de pobreza energética implica, por ejemplo, no tener acceso a la educación (como ocurrió durante la pandemia y las clases virtuales) o tener que cocinar con leña a pesar de las consecuencias que eso tiene para la salud. Esto también debemos tenerlo en cuenta cuando hablamos de transición energética”, añade.

Por eso en 2020 la profesora Arboleda, con la abogada Laura Stefanee España Guzmán y la antropóloga Liliana Isabel Gómez Londoño, realizó una de las primeras aproximaciones a este fenómeno desde las ciencias sociales en el país que dejó como resultado el libro Energía social y transición energética en Colombia: De las prácticas sociales a la gobernanza energética, que forma parte de la Colección Energética 2030, nueve materiales presentados en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2024.

El proceso de investigación incluyó la caracterización de 212 textos académicos sobre el tema, publicados en los últimos 30 años en todo el mundo. “Identificamos tres campos conceptuales emergentes: la gobernanza energética, que incluye las energías comunitarias y la justicia energética; las prácticas sociales, que se relacionan con estilos de vida, el papel del ciudadano y la apropiación tecnológica; y los impactos sociales, culturales e institucionales”.

Una mirada al resto del mundo
Aunque el contexto de cada país es clave para el éxito de los proyectos, sus resultados se pueden tener en cuenta para iniciar rutas de estudio y reflexiones a escala local. “Para nutrir nuestro análisis revisamos las experiencias de países europeos, del norte global y latinoamericanos. Así mismo, conversamos con expertos y sistematizamos datos nacionales relacionados con el acceso, la distribución del sistema interconectado y las proyecciones que se tienen a futuro”.

Según el Departamento Nacional de Planeación, alrededor del 70 % del territorio nacional, donde habita el 30 % de la población, no tiene acceso fijo ni seguro a energía eléctrica.

“Por esto los proyectos convencionales no están formulados para estas comunidades: la densidad poblacional no es suficiente para justificar las inversiones, y es ahí donde se podría aprovechar la transición y la legislación, pues así se garantizaría el acceso a la energía con menos costos y menos impactos ambientales”, agrega la profesora Arboleda.

Uno de los casos emblemáticos estudiados por las investigadoras es el de Escocia, en donde las energías comunitarias tienen una capacidad instalada de 35 MW. “Las poblaciones tienen mínimo el 51 % de propiedad sobre algunos proyectos y total gobernabilidad, es decir que pueden destinar los ingresos para su propio beneficio, becas para los adolescentes, mejoras de espacios públicos, entre otros”, destaca la experta.

Una de las grandes conclusiones del libro es que, aunque Colombia no está preparada para las energías comunitarias, el Estado puede hacer acompañamiento e incluso promover modelos de negocio en los que se involucren entidades privadas.

“El segundo tomo de este libro evalúa casos específicos del país en lugares como Necoclí, Isla Fuerte y La Guajira, en donde funcionaron parques solares o eólicos sin involucrar a la comunidad, llevándolos, por esta y otras razones, al fracaso”, finaliza la docente.

Entre los retos a superar están la continuidad y la confiabilidad, habilitando, por ejemplo, agentes de desarrollo territorial provenientes de las mismas comunidades, quienes además de buscar la garantía del acceso a la energía a escala individual buscarían promoverla desde lo colectivo, como oportunidad de desarrollo y productividad territorial.

Más información: agencianoticias@unal.edu.co

Contenido elaborado por Universidad Nacional de Colombia

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