Universidades, a la expectativa de reforma a la Ley General de la Educación: Domínguez

Director ejecutivo de Ascún dijo que esperan hacer los aportes necesarios al proyecto.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo evalúa el plan que acaba de sacar el Icetex para dar más alivios a los usuarios de crédito educativo?

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Para nosotros como Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) es una apuesta en la vía correcta, que coincide con el interés de resolver la situación de los estudiantes que, por un lado, con dificultades financieras han entrado en mora y eso está limitando y poniendo en riesgo su continuidad en los procesos de educación superior, y por el otro, reconociendo a los estudiantes y a sus familias que han hecho el esfuerzo para mantener al día sus compromisos con el Icetex, garantizando con ello la sostenibilidad del sistema y el avance en sus procesos formativos.

Todas las decisiones en torno a favorecer a los estudiantes siempre serán bienvenidas.

ENS: ¿Sí se está cumpliendo la promesa del Icetex de estar girando esta semana los dineros correspondientes a las matrículas de los estudiantes que están trabajando bajo esta modalidad de crédito?

ÓDG: Según nuestras instituciones de educación superior (IES), hasta el viernes 12 de abril el compromiso sigue pendiente, aun cuando se han hecho algunos giros adicionales a los de la semana anterior.

Las instituciones están a la espera, a fin de que esta semana se normalicen los montos que deben ser girados a las universidades.

Derecho fundamental

ENS: ¿Cómo evalúa el proyecto de acto legislativo que eleva la educación a derecho fundamental, que está en trámite en plenaria de la Cámara?

ÓDG: Desde Ascún hemos hecho varios aportes con documentos que han intentado dar claridad sobre las implicaciones que la ley estatutaria pueda tener en el ordenamiento de la educación superior en Colombia.

Compartimos, desde luego, la intencionalidad de la ley en cuanto a convertir la educación en derecho y facilitar con ello la garantía del acceso, en los dos años adicionales de preescolar, a la cobertura de la gratuidad para la educación media y al compromiso para garantizar financiación para la educación superior.

Nuestras observaciones han estado alrededor de tres grandes temas. El primero, el respeto absoluto por la autonomía universitaria que garantiza la autogestión y gobernanza responsable de las instituciones y sus comunidades académicas.

El segundo, la garantía constitucional del fortalecimiento del sistema mixto, definido desde la Constitución del 91. Y el tercero, en desarrollo de lo anterior, la garantía del financiamiento a las instituciones de educación pública para atender oferta y a las IES privadas para atender la demanda.

ENS: ¿Qué se ha hablado con la ministra de Educación en relación con la reforma a la Ley 30 de 1992 de Educación Superior?

ÓDG: Según los mensajes que nos han indicado desde el Ministerio de Educación, se hará una presentación del proyecto que a este momento ha elaborado dicha cartera y ha sido el producto de varios espacios regionales y consultas a sectores de la sociedad que permitirá, en los próximos días, en paralelo con el avance de la ley estatutaria en el Senado, la presentación del proyecto de ley que entendemos ya no va a ser una reforma a la ley 30, sino una nueva ley general de educación superior.

Nos encontramos entonces a la expectativa de conocer su contenido y poder hacer los aportes correspondientes, pues al final son las instituciones de educación superior, las que asumirán la implementación del desarrollo de esta ley.

ENS: ¿Cuál debería ser el mecanismo para evitar que en la reforma se privilegien las universidades públicas por encima de las privadas?

ÓDG: En principio, dos grandes mecanismos. Primero, el respeto por lo definido en la Constitución del 91, que ha permitido desarrollar el modelo mixto que actualmente tiene el país y que da cuenta de que cerca de la mitad de los estudiantes hoy están en instituciones privadas.

Y el segundo, muchas claridades de diseño de política pública para financiar la demanda que le permita a los estudiantes y a sus familias decidir a qué universidades quieren ingresar y qué programas quieren estudiar, esto acompañado de formas de financiación que les garanticen a los estudiantes el desarrollo de este derecho.

Contenido agregado/ Publicado por el Nuevo Siglo.

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