En una jornada de trabajo calificada como histórica y altamente productiva, la academia, los gremios económicos, las víctimas del conflicto y los firmantes del Acuerdo de Paz, en articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), consolidaron el plan de acción para poner en marcha un ambicioso proyecto de justicia restaurativa en el departamento del Huila.
El encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Surcolombiana (USCO), sirvió para estructurar formalmente el grupo impulsor del TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador o Reparador), una iniciativa nacida a mediados de 2025 que busca transformar el dolor del pasado en oportunidades de desarrollo social y económico.
Un esfuerzo colectivo por el tejido social
Zulma Cepeda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la USCO, destacó el rol de la institución educativa como un puente articulador natural en el territorio.
«La universidad es llamada para prestar esa capacidad técnica y articulatoria entre la sociedad civil, las víctimas, los firmantes del Acuerdo de Paz y las empresas privadas con enfoque agrícola y pecuario del departamento del Huila como actores estratégicos completamente pertinentes para esta alianza multisectorial. Es la sumatoria de esfuerzos para reconstruir los tejidos sociales que quedaron rotos por el conflicto armado en el sur de Colombia y la construcción de una paz estable», afirmó la decana, confirmando además que el proyecto tendrá un impacto directo en 12 municipios huilenses.
Por su parte, Fernando Navarro, asesor del Secretario Ejecutivo de la JEP, explicó que este proyecto reúne a comparecientes que hicieron parte del antiguo Comando Central Conjunto de las extintas FARC y a las víctimas de esta organización en el Huila.
«Buscamos el desarrollo rural, el desarrollo humano para las familias de las víctimas y la posibilidad real de construir reconciliación y paz en el marco de los procesos judiciales que adelanta la Jurisdicción», enfatizó Navarro.
Innovación agrícola con enfoque reparador
Una de las grandes novedades de este despliegue es la vinculación activa del sector privado y los gremios productivos (Coopishuila, Fenalce y Cadefihuila), quienes aportarán su capacidad técnica, infraestructura y transferencia tecnológica para garantizar la sostenibilidad económica de las víctimas y la comunidad.
Harold Hernández, coordinador regional de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), anunció que el gremio llevará proyectos de innovación agrícola a los territorios priorizados.
«Queremos traer procesos de transformación de fríjol y maíz, así como laboratorios de calidad. El propósito es beneficiar directamente a la población afiliada que ha sido víctima del conflicto, integrándolos a esta articulación entre la academia, la JEP y el sector productivo», señaló.
El compromiso de los firmantes: Sanar la tierra, la memoria y la restauración de las víctimas
Para los firmantes de paz, este escenario representa el cumplimiento de sus compromisos de cara a la sociedad. Víctor Hugo Silva Soto, compareciente y firmante del acuerdo, reiteró la voluntad del colectivo por resarcir los daños causados por la guerra:
«Este encuentro va encaminado a buscar la reconciliación y la reconstrucción del tejido social que la guerra en su momento despedazó. Nos encontramos trabajando en torno a un proyecto que facilita temas restaurativos en medio ambiente, la reconstrucción de memoria y la reparación económica para el buen vivir de las víctimas», indicó.
Próximos pasos
Como parte de la agenda de trabajo que continuará en los próximos días, las delegaciones y las oficinas del Sistema de Justicia Restaurativa de la JEP —incluyendo las áreas de estructuración de proyectos, monitoreo y justicia restaurativa— junto con los comparecientes, realizarán una visita oficial a un Bosque de Memoria, un espacio sagrado que busca dignificar a los afectados por el conflicto y sembrar raíces de paz duradera en la región, ubicado en el municipio de Teruel.
Con esta articulación institucional, el departamento del Huila se posiciona como un modelo nacional en la implementación de la justicia del posconflicto, demostrando que la reconciliación es posible cuando se siembra con voluntad, academia y productividad.