La UNESCO publicó recientemente —a través de su Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC)— la edición inaugural de su informe insignia sobre las tendencias mundiales de la educación superior. Su diagnóstico cabe en una frase: el sector atraviesa un punto de inflexión. En dos décadas, la matrícula mundial se duplicó con creces —de 100 a 269 millones de estudiantes—, pero ese avance convive con desigualdades que no ceden en el acceso, la permanencia, la financiación y la movilidad. Y lo más revelador no es cuánto creció el acceso, sino que la graduación mundial apenas pasó del 22 % al 27 % en una década. El mundo aprendió a abrir las puertas de la universidad; todavía no a acompañar a quienes entran hasta que terminan.
Colombia llega a esa conversación con avances que vale la pena reconocer. La cobertura bruta en educación superior alcanzó 57,5 % en 2024 —por encima del promedio mundial de 43 % que reporta la UNESCO— y el tránsito inmediato de bachilleres a la educación superior llegó al 45,9 %, con avances en las zonas rurales, donde alcanzó el 30 %. Son buenas noticias. Pero el espejo global nos recuerda que el reto de fondo ya no es solo entrar, sino permanecer y culminar: Según el SPADIES del Ministerio de Educación Nacional, cerca de 1 de cada 3 estudiantes que ingresa a la educación superior no logra culminar sus estudios. Esta situación no solo afecta las trayectorias individuales, sino que también tiene importantes costos sociales y económicos. De acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, la deserción educativa le cuesta al país cerca de $2,8 billones anuales en talento, oportunidades e inversión que no alcanzan a materializarse.
Por eso, desde la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) insistimos en una idea sencilla: la educación superior ya no puede pensarse solo para los jóvenes recién egresados del colegio. El aprendizaje es hoy un proceso que dura toda la vida, y el sistema debe estar a la altura de esa realidad. Conviven, fragmentados y con débiles conexiones, la educación media, la formación para el trabajo, la técnica, la tecnológica, la universitaria y la del Sena. Necesitamos trayectorias más flexibles —con reconocimiento de aprendizajes previos, certificación de competencias y reglas claras para las microcredenciales— que permitan a un joven, a un trabajador que se reconvierte y a un adulto que retoma sus estudios construir su propio camino. Una apuesta, en el sentido más literal, intergeneracional.
A ese desafío se suman otros que el informe pone sobre la mesa y que nos interpelan directamente: la equidad, que no se mide por quién entra sino por quién culmina y con qué oportunidades; la sostenibilidad financiera, en un sistema mixto donde cerca de la mitad de la matrícula está en instituciones privadas y que exige reglas estables; la autonomía universitaria y la libertad académica, que el informe describe como piedras angulares de la calidad; la gobernanza ética de la inteligencia artificial, que ya usan seis de cada diez profesores; el bienestar de quienes enseñan; y el cierre de las brechas territoriales, porque mientras unas ciudades concentran la oferta, la Amazonía, la Orinoquía y los territorios Pdet siguen esperando que la universidad llegue a donde vive la gente. Son frentes distintos, pero comparten una misma exigencia: mirar el sistema como un todo y poner a las personas en el centro.
Es una buena noticia que estos temas hayan entrado en la conversación electoral. Las dos candidaturas que llegaron a la segunda vuelta han expresado, cada una con su énfasis, el compromiso de sostener el acceso a la educación superior. La propuesta de Abelardo de la Espriella subraya las «becas con retorno» condicionadas a servicio social, la formación técnica y el modelo dual articulado con el Sena, el mérito docente evaluado por resultados y, en declaraciones públicas, el fortalecimiento del Icetex con becas por talento y mérito. La de Iván Cepeda pone el acento en llevar la universidad pública a los territorios excluidos —con multicampus y nueva infraestructura—, en planes de bienestar para reducir la deserción, en nuevos mecanismos de financiación y en la dignificación de la profesión docente. Son énfasis distintos y, leídos a la luz de la evidencia internacional, más complementarios que excluyentes.
Con ánimo de aportar, me permito poner sobre la mesa seis aspectos que la experiencia global recomienda tener presentes para el próximo gobierno. Primero, no concentrarnos únicamente en el acceso: invertir con la misma decisión en la permanencia y la graduación. Segundo, construir un sistema flexible e intergeneracional, pensado para aprender a lo largo de toda la vida. Tercero, cuidar la autonomía y la libertad académica como condiciones de la calidad y de la confianza pública. Cuarto, asegurar un financiamiento estable, transparente y equitativo para un sistema mixto. Quinto, gobernar la inteligencia artificial con sentido ético y centrado en las personas. Y sexto, dignificar a la profesión docente, sin la cual nada de lo anterior es posible.
La educación superior requiere una política de largo plazo: sus frutos se cosechan en décadas, no en períodos de gobierno. Por eso no se puede limitar a una campaña ni ser rehén de la coyuntura: tiene que ser un punto de encuentro. Porque una nación no progresa formando a una generación a la vez, sino abriendo las puertas del conocimiento a todas al mismo tiempo: al joven que llega, al adulto que regresa y al territorio que todavía espera. Esa es la invitación que, desde ASCUN, le hacemos al país: convertir el conocimiento en el verdadero proyecto que une a todas las generaciones de Colombia.
Fuentes
— MEN / SNIES (2024). [Cobertura bruta 57,5 %; tránsito inmediato 45,9 % nacional y 30 % rural]
— MEN / SPADIES 3.0 (2025), indicadores 2023. [Deserción por cohorte: ~1 de cada 3 no culmina]
— Laboratorio de Economía para la Educación – LEE, U. Javeriana (2025), vía Portafolio. [Costo de la deserción: al menos $2,8 billones/año]