La educación superior en Colombia enfrenta profundas transformaciones globales y desafíos internos, factores como los cambios demográficos, la inmersión de la inteligencia artificial y la transición hacia economías sostenibles exige una reestructuración del sistema educativo. Ante este panorama, es crucial que el próximo gobierno asuma un conjunto de medidas para su fortalecimiento que no sólo aborden las deficiencias actuales, sino que también posicionen a la educación como el principal impulsor del progreso del país, presentes en lo urbano y lo rural a través de la oferta de la articulación ciclos propedéuticos. Para lograrlo, es fundamental enfocarse en la financiación, el acceso, la calidad, la investigación y el bienestar integral de la comunidad universitaria. Las universidades públicas y privadas deben integrar un sistema armónico que sea un laboratorio social para la educación para la ciudadanía responsable, respetuosa de las libertades fundamentales, y promotora de la paz. La educación superior debe ser un espacio para la interdisciplinaridad.
Financiación sostenible y acceso con equidad.
La financiación es la columna vertebral del sistema educativo colombiano en el que coexisten instituciones educativas públicas y privadas.
Es prioritario que el Estado se comprometa con un incremento significativo de los recursos para las universidades públicas, que permita un incremento progresivo de la cobertura, superando los ajustes por inflación para permitir una inversión real en infraestructura, tecnología y la cualificación de la planta docente. Para complementar esto, es necesario diversificar las fuentes de financiación a través de alianzas público-privadas, fondos concursables de investigación y la gestión de activos propios de las instituciones. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser un elemento central, con auditorías externas y la publicación de informes detallados sobre la gestión de los recursos.
Directamente ligada a la financiación se encuentra la problemática del acceso y la deserción estudiantil, la cual se manifiesta en una baja tasa de cobertura (55.38%) y una alta deserción (cercana al 11%), como lo indican las cifras del Ministerio de Educación Nacional. El acceso está limitado por las condiciones económicas, como los altos costos de matrícula, y por las profundas desigualdades en la educación básica y media, lo que resulta en una deficiente preparación académica para una gran cantidad de estudiantes; la brecha urbano-rural y la oferta educativa insuficiente en las regiones contribuyen a esta problemática. Por su parte, la deserción es un fenómeno multifactorial cuyas causas van desde lo económico —donde un «problema de liquidez» obliga a muchos a trabajar mientras estudian— hasta factores de vocación, contexto socio cultural y cambio en las expectativas.
Ante este panorama, el gobierno debe fortalecer los sistemas de crédito como el ICETEX con condiciones favorables y programas de becas más robustos, que reconozca estas características. Esto, junto con el fortalecimiento de programas de apoyo integral que incluyan tutorías académicas y acompañamiento emocional y psicosocial, es crucial para abordar la complejidad de las causas y garantizar la permanencia de los estudiantes.
Calidad, pertinencia y articulación del sistema
Una mayor cobertura sólo genera valor real si está ligada a la calidad y la pertinencia. El fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad debe promover los mecanismos de autorregulación y los procesos de mejora continua como objetivo y no como medio para la acreditación de alta calidad. Además, la articulación con el sector empresarial y productivo es fundamental para que la oferta académica responda al contexto socio-económico, a las necesidades del país y tenga impacto en el desarrollo. Por lo anterior, se debe diseñar un sistema que facilite la colaboración entre universidades, empresas y gremios para cocrear programas educativos y de investigación, impulsar diferentes modalidades educativas y el emprendimiento. Esta interacción es especialmente importante considerando que el 70% de la cobertura de la educación superior proviene del sector privado, por lo que una colaboración más fluida podría garantizar modelos educativos pertinentes y con vínculos más directos al mercado laboral.
Asimismo, es necesario reducir la dicotomía público-privada a través de procesos que faciliten y optimicen la colaboración interinstitucional, el capital humano y físico del entorno educativo. Esto se puede lograr con convenios de cooperación que promuevan la movilidad estudiantil y la investigación conjunta, permitiendo a los estudiantes de una universidad tomar cursos en otra, enriqueciendo la experiencia académica.
A su vez, la reflexión sobre las limitaciones de la educación en línea es pertinente, especialmente a nivel de pregrado, donde las interacciones humanas cara a cara son esenciales para el fomento del discurso, la argumentación y la formación integral, elementos que no deben desaparecer en el proceso educativo.
Impulso a la investigación, internacionalización y bienestar universitario
El futuro de la nación depende de su capacidad para generar conocimiento, por lo tanto la universidad debe representar una unión indisoluble entre la enseñanza, la investigación con pertinencia social y la transferencia del conocimiento; para lograr este propósito, es necesario un mayor impulso a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), mediante el uso estratégico de fondos por parte de Minciencias y el apoyo a la consolidación de las instituciones de educación superior como nodos de formación de alto nivel y generadores de conocimiento aplicado. El fortalecimiento de la relación universidad-Estado permitirá que las instituciones provean servicios técnicos y consultoría a empresas y dependencias gubernamentales generando un impacto directo en la toma de decisiones y en la solución de problemas nacionales.
La internacionalización y el bilingüismo son esenciales, a través de la movilidad académica y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con universidades referentes a nivel global. Fomentar estas iniciativas, no solamente enriquece la experiencia educativa, sino que impulsa la calidad, la conformación de redes y la competitividad de las instituciones universitarias. Para lograrlo es fundamental el desarrollo de políticas de intercambio cultural y programas de doble titulación que abran puertas a nuevas perspectivas profesionales y académicas.
Finalmente, para garantizar el desarrollo pleno de la comunidad, una estrategia clave es el enfoque en el bienestar universitario y la salud mental. Esto se traduciría en programas de apoyo psicosocial integral con servicios de orientación psicológica y protocolos definidos contra la discriminación y la violencia, creando así espacios seguros, diversos e inclusivos.
En resumen, las prioridades estratégicas para el gobierno deben abordar de manera integral los desafíos de la educación superior con la consolidación de un sistema de educación superior que sea financieramente sostenible, equitativo en el acceso, de alta calidad, pertinente, articulado y comprometido con la investigación y el bienestar, de tal manera que se convierta en motor del desarrollo social, económico y cultural del país.