Al hablar de educación en Colombia es complejo señalar prioridades estratégicas, en tanto que el sistema educativo en sí mismo es una prioridad, y al tratarse de un sistema que está compuesto por diferentes elementos, cada uno de estos se convierte en una prioridad per se. La educación exige esfuerzos ingentes de parte del Gobierno para atender diferentes problemáticas que residen en los cimientos del sistema, que emergen con más fuerza, cobrando protagonismo, dependiendo de los intereses particulares del Gobierno, entonces la prioridad es priorizar el sistema educativo (permítase la redundancia verbal).
La función principal del Gobierno debe estar enfocada hacia la atención de las causas estructurales de las problemáticas de base del sistema educativo. En ese orden de ideas, es necesario retomar las funciones principales del Ministerio de Educación Nacional como máximo ente de gobierno para la educación, y rescatar sus funciones de fomento a la educación, el aseguramiento de la calidad de la educación, y la inspección y vigilancia para garantizar las anteriores en la adecuada prestación del servicio.
En su orden, las prioridades del Gobierno estarían referidas principalmente a uno de los paradigmas de la educación – la democratización -, sabiendo que priorizar significa poner en orden de atención, contrario a seleccionar solo un elemento del sistema y dejar de lado los demás. La democratización referida al acceso con equidad abarca múltiples asuntos que han ocupado la agenda de todos los gobiernos, es menester fomentar el acceso con equidad, sin distingo de barreras geográficas, financieras, sociales, o académicas para todos los actores del sistema educativo. Esta problemática invita a conocer y retornar a los esfuerzos hechos en el pasado para poder garantizar su continuidad en el presente y en el futuro.
El fomento al acceso con equidad pasa por estrategias de plasticidad financiera entendidas como la capacidad del Gobierno para ajustar, adaptar y reorganizar de manera flexible sus recursos y estructuras financieras frente a los cambios del entorno, ya sean estos económicos, regulatorios, sociales o propios de la dinámica educativa. El fomento a la educación debe ser lo suficientemente flexible para garantizar el funcionamiento de todos los actores del sistema mixto de educación, de los que aprenden y de los que enseñan, de las instituciones públicas y privadas, de todos los niveles de formación básica hasta superior, de la educación rural y la urbana, y de la educación de poblaciones vulnerables y las que no – los índices de miseria indican vulnerabilidad económica para la gran mayoría de los colombianos.
La plasticidad económica es una prioridad del Gobierno, el financiamiento de la educación reclama propuestas de ruptura que permitan atender todos los componentes del sistema educativo, sin otros apellidos (público), el diseño de nuevos esquemas, con fuentes alternativas de ingresos o adoptando modelos híbridos de financiamiento que permitan distribuir responsabilidades y riesgos.
El fomento a la educación pasa por el financiamiento y aterriza en la calidad. La innovación educativa, y la incorporación de tecnologías al desarrollo de la ciencia y la tecnología, son motores de la calidad del ecosistema educativo, hablar de ampliación de acceso con equidad, no se puede reducir a la cobertura geográfica o a la cobertura en mayor número de personas, se necesita consolidar una mejor educación para todos, y esto solo es posible a partir de la generación de conocimiento que favorece la anticipación a problemáticas del entorno que ralentizan el avance de las trayectorias educativas.
La ampliación del acceso equitativo al sistema educativo significa que todas las personas tengan la posibilidad de ingresar al sistema y acceder a oportunidades educativas de alta calidad, permanecer en el sistema y culminar con éxito una etapa para iniciar la que sigue hasta que la educación movilice causas estructurales de la pobreza. Si bien fines todos idealistas, son los fines de la educación, y priorizar asuntos para que el Gobierno atienda implica retornar a lo básico del por qué y el para qué de la educación en cualquiera de sus niveles.
Así entonces, una de las líneas prioritarias de trabajo que debe tener cualquier gobierno para el fomento de la educación centrado en la ampliación de acceso con equidad, es la financiación sostenible de todos los actores que forman parte del sistema.
Del fomento pensado en la sostenibilidad de todos los actores del sistema se desprenden:
- La reformulación del sistema de asignación de recursos públicos en fondos para la extensión (con retorno al sistema) y al bienestar (para el éxito del sistema).
- El fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación para la generación del conocimiento socialmente relevante, con justicia epistémica, transferible a la realidad del país.
- El aseguramiento de la calidad separado de un mero conjunto de normas, más integrado a la gestión transparente, con impactos visibles y resonancia social, adaptable a la realidad de los actores del sistema, comprensible, y con criterios de pertinencia comunitaria y relevancia pública.
- La diplomacia académica para impulsar la integración internacional y el fortalecimiento de relaciones de confianza con otros países.