El futuro de la educación superior en Colombia depende de la capacidad que tengamos, como país, de concebirla no solo como un servicio, sino como un bien público esencial para el desarrollo humano, social y económico. En este momento de transición hacia el nuevo gobierno 2026–2030, considero urgente definir prioridades estratégicas que fortalezcan la función de nuestras universidades como agentes de transformación y equidad.
La primera prioridad es garantizar que ningún joven quede excluido del derecho a la educación superior por razones económicas, sociales o territoriales. La ampliación de la cobertura debe acompañarse de mecanismos efectivos de permanencia, bienestar y acompañamiento integral. Democratizar el acceso no se limita a abrir las puertas, sino a asegurar que cada estudiante pueda culminar con éxito su formación y traducirla en mejores oportunidades de vida.
Una segunda prioridad es asegurar la pertinencia de los programas académicos frente a los desafíos globales y locales. Colombia requiere universidades que piensen la transición energética, la sostenibilidad ambiental, la transformación digital y la construcción de paz. Esto implica fortalecer la investigación, la innovación y la creación cultural como componentes que dialoguen con las necesidades de los territorios y con las tendencias mundiales del conocimiento.
En tercer lugar, es indispensable consolidar la articulación Universidad–Empresa–Estado como política pública estructural. Esta triada, que hemos promovido como bandera de gestión en la Universidad del Atlántico, debe convertirse en estrategia nacional para conectar el saber académico con las dinámicas productivas y sociales. Los estudiantes necesitan que su formación esté acompañada de escenarios de práctica, investigación y emprendimiento. La universidad, a su vez, requiere aliados que potencien su misión, y el Estado debe garantizar un marco de cooperación y sostenibilidad.
Estas prioridades deben complementarse con la internacionalización de la educación superior. En un mundo interconectado, Colombia necesita universidades que dialoguen con el conocimiento global, sin perder de vista las identidades locales y regionales. Fortalecer redes académicas, movilidad y proyectos de cooperación internacional es clave para que el país se inserte en los grandes debates del siglo XXI.
El próximo gobierno tiene la responsabilidad de reconocer a la educación superior como un eje de cohesión social y competitividad nacional. Su fortalecimiento no puede ser coyuntural, sino una política de Estado de largo aliento. Solo así podremos proyectar a nuestras universidades como motores de cambio, generadoras de conocimiento y garantes de una sociedad más justa.
Invertir en las universidades es invertir en la nación misma. Y la ruta para lograrlo pasa por una alianza firme entre el Estado, la academia y el sector productivo, en beneficio de nuestros jóvenes y de la sociedad en su conjunto.