Fray Sergio Iván Rojas Díaz

Es previsible que varios de los actuales aspirantes a la Presidencia de Colombia incluyan, en sus promesas o planes de gobierno, prioridades estratégicas orientadas al fortalecimiento de la Educación Superior. En un contexto institucional caracterizado por la debilidad gubernamental (poco técnica) y el incumplimiento de compromisos de campaña, resulta natural que surjan voces que propongan recomponer la situación.

En este sentido, un Plan de Gobierno que garantice la calidad y refleje coherencia con la visión de Estado que Colombia es como nación, podría incluir lo siguiente:

Fomentar un paradigma de colombianidad fundamentado en el orgullo por la formación recibida en el país y la capacidad de contribuir a la construcción de un territorio menos violento, más competitivo, próspero, innovador y respetuoso de la diversidad como fraternidad, integrando estos valores en el marco de un Estado fortalecido.

En cuanto a la Educación Superior Pública, esencial y reconocida por su alto nivel de cualificación docente y las oportunidades ofrecidas, resulta imperativo definir el foco estratégico para el próximo gobierno: ¿priorizar únicamente el acceso gratuito a la universidad pública mediante el incremento de cupos? O, además, ¿garantizar unas condiciones óptimas laborales y operativas tanto para docentes como para estudiantes? El deterioro de la infraestructura física y la limitada inversión tecnológica parecen no contrastar con los avances logrados en innovación y transferencia de conocimiento. Si se han alcanzado resultados significativos bajo las condiciones actuales, el potencial sería aún mayor asegurando el mantenimiento y la mejora de las instalaciones existentes, además de la urgente estabilización de la sostenibilidad financiera de algunas instituciones estatales. La prioridad debería centrarse en fortalecer las sedes actuales y fomentar programas de apoyo económico que permitan el acceso de estudiantes provenientes de regiones apartadas.

Respecto a la Educación Superior Privada, es fundamental que el próximo Gobierno y su plataforma ideológica reconozcan el papel indispensable del sector privado en alcanzar los niveles de cobertura requeridos para los jóvenes que se gradúan de la media. No debe prevalecer el ataque ni el descuido de lo público, sino la búsqueda de equilibrio. Asimismo, convendría promover un régimen tributario favorable, fortaleciendo la iniciativa de Educación e Investigación por Impuestos, que permitiría potenciar el apoyo de los privados ante las limitaciones estatales en materia de subvenciones y subsidios.

Para ambos sectores, es crucial que el próximo gobierno priorice la consolidación de un modelo educativo de calidad que impulse los indicadores del país de forma sistemática. Colombia cuenta con estudiantes y docentes destacados; sin embargo, existe una brecha entre el desempeño real y los resultados reportados en las pruebas estandarizadas, lo que evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de evaluación y reporte en la educación superior. En este mismo sentido, urge que el MEN asegure la técnica de sus procesos, datos y resultados, para que las universidades podamos ser más ágiles y mejor acompañadas en la diversificación de la oferta académica, educación para el trabajo y en las apuestas por la calidad.

Resulta estratégica la consolidación de un modelo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) enfocado en la inversión territorial, evitando la migración de talento científico al exterior. El país dispone de una capacidad instalada significativa para realizar investigaciones científicas relevantes; con una inversión adicional y apoyo para estudios avanzados en doctorado y posdoctorado, dentro de Colombia, sería posible fortalecer los centros de CTeI, incrementar el capital humano y atraer el interés internacional hacia nuestra producción científica y formación académica.

Finalmente, valorar las necesidades de los seres humanos que se forman hoy en Colombia, es un imperativo no menor. El cuidado por la salud mental, la atención a la identidad en el ser, el acompañamiento en la consolidación de proyectos de vida disruptivos pero estables, debe materializarse también mediante política públicas que pueda potenciar nuestro próximo gobierno.

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