Reflexionar sobre el desarrollo de la universidad colombiana, en el contexto de la Educación Superior, me lleva a pensar en la necesidad urgente de construir un verdadero sistema, guiado por un marco normativo renovado y coherente con la realidad nacional. Este nuevo sistema debe partir de una legislación que reconozca el papel central de la universidad como eje articulador, y que a su vez distinga las responsabilidades diferenciadas entre los distintos niveles de formación.
No es lógico ni justo que todos los actores del sistema —desde instituciones técnicas hasta universidades— estén sujetos a las mismas exigencias académicas, administrativas y financieras, sin tener en cuenta sus naturalezas, capacidades y propósitos. La legislación vigente ha homogeneizado las obligaciones, desdibujando las particularidades de cada nivel formativo, en detrimento de la calidad y la eficiencia del sistema en su conjunto.
Además, es indispensable reconocer que Colombia cuenta con un sistema de educación superior mixto, históricamente financiado desde dos fuentes principales: los recursos públicos recaudados a través de impuestos y gestionados por el Estado, y los aportes directos de las familias colombianas mediante derechos pecuniarios, como las matrículas. Esta doble condición debe reflejarse con mayor claridad en la legislación, reconociendo las tensiones, pero también las oportunidades de complementariedad entre los sectores público y privado.
Cualquier nueva legislación debe surgir de una revisión crítica y rigurosa de los aprendizajes acumulados desde la promulgación de la Ley 30 de 1992. Han pasado más de tres décadas, y el contexto actual exige una reforma estructural, que respete la autonomía universitaria como principio innegociable, y que no se base en intereses particulares —sean públicos o privados— sino en el bien común y la necesidad de construir país desde el conocimiento.
Legislar sobre la investigación, la innovación y la creación exige considerar los desafíos reales que enfrenta Colombia en términos de desarrollo económico, social, ambiental y cultural. Y para ello, es fundamental incluir la voz de los principales protagonistas del sistema: los estudiantes universitarios y de educación media, los docentes, los investigadores, las instituciones de educación superior y, especialmente, las universidades.
El papel del gobierno debe centrarse en garantizar condiciones normativas, financieras y políticas adecuadas. Por su parte, las instituciones deben asumir con responsabilidad y rigor la misión de educar ciudadanos críticos, comprometidos y capaces de aportar a la transformación del país.
Es momento de que la universidad colombiana lidere, con visión y cohesión, la construcción de un nuevo pacto por la Educación Superior.