En los próximos meses, Colombia vivirá una transición política que puede redefinir su rumbo. En ese contexto, la educación superior tiene una oportunidad histórica: convertirse en el eje que articule un modelo de desarrollo inclusivo, competitivo y sostenible. Desde la academia lo sabemos bien: el futuro del país no se juega solo en los indicadores económicos, sino en nuestra capacidad para formar talento humano pertinente, con pensamiento crítico y competencias globales, anticipándonos a los retos de una economía que no deja de transformarse.
Fortalecer el sistema mixto es una tarea que no admite demoras. Las instituciones privadas concentran buena parte de la matrícula nacional y su papel es decisivo. Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), en 2024 la cobertura bruta llegó al 57,53 % y la matrícula alcanzó 2,55 millones de estudiantes. Mantener —y ampliar— ese alcance requiere respaldo real: financiamiento accesible, créditos educativos justos y apoyos estables. La reciente suspensión de los subsidios del ICETEX a la tasa de interés, que antes mantenían los créditos entre el 12,2 % y el 17,2 %, afecta a cerca de 300.000 estudiantes y egresados, y podría dejar por fuera a unos 40.000 jóvenes. No podemos permitir que el acceso dependa de decisiones momentáneas que ponen en riesgo trayectorias de vida.
Pero no basta con abrir puertas; hay que asegurarse de que conduzcan a donde los jóvenes necesitan llegar. Hoy, solo el 45,94 % de quienes terminan el colegio pasa de inmediato a la educación superior, y en el campo esa cifra se reduce al 29,97 %, frente al 51,05 % en las ciudades. Esa brecha confirma que la formación técnica y tecnológica debe dejar de verse como una opción menor y asumir el papel que le corresponde como motor de desarrollo territorial. Formar para que los jóvenes puedan transformar su región es tan importante como formarlos para competir en el mundo.
En un país que quiere ser competitivo, no podemos dejar la ciencia y la innovación en el último renglón. Colombia invierte apenas el 0,21 % del PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo de los países de la OCDE. Si no consolidamos una política con recursos estables y suficientes, y una relación viva entre universidad, empresa y Estado, seguiremos desaprovechando un potencial que podría generar soluciones con impacto local e internacional.
Y hay un punto clave: la calidad no puede medirse solo por trámites. Modernizar los procesos de aseguramiento —como la obtención o renovación de registros calificados— es más que un ajuste técnico: es reconocer que la educación debe responder a las dinámicas del empleo, a los cambios tecnológicos y a las vocaciones de cada territorio.
La agenda 2026–2030 debe ser más que una lista de reformas; tiene que ser un pacto para construir un sistema inclusivo, pertinente y sostenible. Un sistema que convierta la educación superior en la llave que abra oportunidades reales y en la mayor ventaja competitiva de Colombia. Porque, al final, educar no es solo entregar títulos: es abrir caminos para que los jóvenes puedan construir futuro donde nacieron, y para que el país, en su conjunto, avance con raíces y con propósito.