La historia reciente de la educación superior en Colombia ha sido una historia de progreso. La cobertura de la educación terciaria pasó del 4,7% en 1971 al 57,5% en 2024. La cifra es aún desafiante con relación a Estados Unidos que en la actualidad tiene una cobertura del 88% en su educación superior, pero también es cierto que el país ha logrado avances en calidad: una de cada tres Instituciones de Educación Superior (IES) obtuvo certificación de alta calidad en 2023. Ninguno de estos logros se hubiera alcanzado sin el sistema mixto de gestión de la educación que se ha fortalecido en el país a lo largo de los últimos 50 años.
Este sistema, caracterizado por la armónica cooperación entre los sectores público y privado, se ha puesto en riesgo durante el actual gobierno como resultado de una posición ideológica en extremo estatizante. Frente a una iniciativa de reforma a la Ley de educación superior (Ley 30 de1992), que no logró consensos ni entre los agentes del sistema ni en el Congreso, el gobierno optó, de manera unilateral, por imponer ambiciosas metas de aumento en cupos hasta un número de 500.000 nuevos matriculados en las instituciones oficiales.
Sin embargo, en medio de un debate sobre el manejo discutible de las métricas, las metas de la estatización a ultranza se estarían cumpliendo apenas en un 17,4%. En efecto, durante el período 2022 – 2024 el aumento en el número total de matriculados ha sido exactamente de 87.332 estudiantes. Y en el caso de universidades oficiales sólo de 60.300, explicado fundamentalmente por la expansión de los programas a distancia de la UNAD. El resto de nuevos matriculados, es decir un total de 27.032 estudiantes, lo explican las universidades privadas, a pesar de que el gobierno ha tomado la decisión de acabar con la alternativa del ICETEX, que ha resultado clave para que los estudiantes accedan o permanezcan en este tipo de instituciones.
Más allá del debate sobre las cifras, el futuro de nuestra educación superior en Colombia se merece más que un debate sobre las coberturas. El país debe abordar una reflexión de fondo sobre la calidad, la internacionalización, la educación terciaria, el acceso a la cuarta revolución industrial, el fortalecimiento del humanismo, las innovaciones curriculares, así como alrededor de nuevos programas más pertinentes, personalizados y flexibles.
El establecimiento de diálogos y alianzas intersectoriales e interdisciplinarias también es prioritario, de tal manera que se puedan incluir diversas voces en la discusión sobre el futuro del sistema educativo.
En esta perspectiva, el próximo gobierno debe considerar a las IES privadas como aliadas, no como rivales. Estas instituciones, cuando son de calidad, pueden ampliar la cobertura utilizando su capacidad instalada. Esto permite una expansión coherente con las restricciones fiscales actuales, evitando la estatización del sistema que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y garantizando, al mismo tiempo, los avances en excelencia y pertinencia de nuestra educación superior.