El mundo avanza hacia una educación más conectada, inclusiva y experiencial; es una oportunidad para evolucionar, unir conocimiento, bienestar, inclusión y propósito. Hoy, las universidades no solo enseñan: también se transforman junto a sus estudiantes, integrando herramientas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, metodologías activas de aprendizaje, la colaboración global y la sostenibilidad. En este nuevo contexto, el conocimiento no solo se transmite, sino que se vive; y en esa experiencia se integran la enseñanza y el aprendizaje, concebidos como más potentes cuando forman personas capaces de impactar positivamente su entorno.
Tenemos una oportunidad histórica como país para transformar un sistema que, a pesar de los avances, aún refleja profundas desigualdades. Hoy más de la mitad de los jóvenes colombianos acceden a la universidad —el 55,4% según el Ministerio de Educación—, pero el reto no es solo que entren a las aulas, sino que permanezcan, se gradúen y encuentren un camino que aporte al desarrollo nacional. Hablar de educación superior no puede ser una consigna política; debe asumirse como una estrategia de sostenibilidad social, económica y tecnológica, además de un factor de competitividad global.
El primer punto es el financiamiento. La historia reciente muestra una desfinanciación estructural que ha limitado las capacidades de las instituciones, especialmente las públicas. Hemos vivido un aumento en la cobertura gracias a la gratuidad y a la educación virtual, pero estas medidas han tensionado aún más los presupuestos. La Universidad Nacional, por ejemplo, ha advertido un déficit anual de más de 60 mil millones de pesos que compromete funciones esenciales como la investigación. Si no resolvemos este asunto, seguiremos construyendo sobre bases frágiles. Lo mínimo que se necesita es un ajuste anual de las transferencias, calculado con indicadores como el Índice de Costos de la Educación Superior Pública, y avanzar en esquemas mixtos de financiación territorial y nacional que den sostenibilidad y autonomía.
Sin embargo, no basta con financiar el acceso; debemos garantizar la permanencia. Uno de cada cuatro estudiantes abandona sus estudios antes del primer año, como lo reporta el SPADIES, y esto no se debe únicamente a la falta de dinero. Detrás de estas cifras hay realidades de jóvenes que no logran adaptarse, que cargan con dificultades emocionales o que simplemente no encuentran un acompañamiento adecuado. El bienestar estudiantil no puede ser visto como un asunto secundario; es una política pública central. Alimentación, vivienda, transporte, conectividad y acompañamiento psicosocial son condiciones mínimas que hacen la diferencia entre graduarse o desertar.
Otro aspecto inaplazable es la inversión en ciencia e innovación. Colombia apenas destina el 0,3% del PIB a investigación y desarrollo, muy lejos del 2,7% de la OCDE. Esto nos mantiene dependiendo del conocimiento externo. Si el país quiere competir, necesita fortalecer los ecosistemas regionales de innovación, articular universidad y empresa, y apostar por la innovación social y la producción de patentes. Solo así evitaremos la fuga de talento y lograremos transformar la realidad desde nuestros territorios.
La educación superior también debe asumirse en clave digital y global. La pandemia nos demostró el potencial de la virtualidad, pero muchas instituciones aún carecen de plataformas y de formación docente suficiente. No se trata solo de comprar equipos, sino de integrar herramientas como la inteligencia artificial, los sistemas adaptativos de aprendizaje y los repositorios abiertos. Y al mismo tiempo, internacionalizar no debe ser un lujo: necesitamos movilidad académica, redes de colaboración y aprendizaje de lenguas que permitan que la educación colombiana dialogue con el mundo sin perder su pertinencia cultural.
Finalmente, está la equidad. Las cifras muestran una brecha inaceptable: mientras en Bogotá accede el 71% de los jóvenes a la universidad, en Vaupés no supera el 15%. Y aunque las mujeres representan el 38% de quienes investigan, apenas lideran el 30% de los grupos reconocidos. Corregir estas desigualdades exige presupuestos diferenciados y programas integrales que conecten la educación media con trayectorias técnicas y profesionales en poblaciones históricamente excluidas.
Considero que el nuevo gobierno nacional tendrá frente a sí una decisión trascendental: ver la educación superior como gasto o como inversión. La diferencia entre una y otra visión definirá el futuro del país.