Colombia necesita una educación superior que responda con urgencia a los desafíos del presente y del porvenir. El próximo gobierno deberá priorizar una agenda estratégica que reconozca en la educación un pilar para la transformación social, económica y ambiental del país. Esta tarea exige visión, articulación, inversión y compromiso real con la academia, en cuanto investiga, forma y construye país.
La primera gran prioridad es la transformación digital con propósito que, más allá de incorporar tecnología, garantice la calidad del aprendizaje, la investigación y la gestión institucional. Urge consolidar un ecosistema nacional de educación superior que articule esfuerzos en ciencia de datos, inteligencia artificial, infraestructura tecnológica y formación de talento humano con criterios de soberanía tecnológica, ética y equidad para avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo, flexible y centrado en las personas, que dialogue con las trayectorias de vida, reconozca saberes previos y facilite la articulación entre los niveles de formación. Una educación superior para todas las etapas de la vida debe contemplar modalidades híbridas, formación técnica y tecnológica con dignidad, y rutas de movilidad entre sectores, regiones y disciplinas.
En segundo lugar, el país debe apostar decididamente por el fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque diferencial y sostenibilidad financiera. Las universidades públicas y privadas requieren acompañamiento y financiación para ampliar su cobertura con calidad, asegurar trayectorias estudiantiles exitosas y robustecer su cuerpo profesoral e investigativo. Financiación basada en resultados, fomento a la investigación aplicada, cooperación internacional e incentivos a la formación avanzada deben formar parte de una política pública ambiciosa, coherente y de largo plazo.
Es fundamental implementar subsidios a la demanda, un mecanismo que permita asignar directamente los recursos a los estudiantes y no exclusivamente a las instituciones, con criterios de pertinencia, calidad y regionalización para atender las necesidades formativas de las zonas más apartadas del país, y fortalecer la libertad de elección, favorecer la competencia basada en la calidad y permitir que más jóvenes de bajos recursos accedan a programas pertinentes ofrecidos por universidades tanto públicas como privadas. Son claves los programas de virtualización, siempre y cuando estén acompañados de una política pública clara, líneas de crédito preferenciales y rigurosos estándares de calidad.
La tercera prioridad debe ser la vinculación estratégica con el entorno social y productivo, fomentando el trabajo colaborativo entre universidades, Estado, empresas y comunidades. La educación superior debe liderar la innovación y el emprendimiento con sentido público, con énfasis en la sostenibilidad, la resolución de problemas reales y el cierre de brechas territoriales.
Finalmente, el país requiere una gobernanza del sistema de educación superior más participativa, transparente y coherente. El diálogo permanente con las instituciones, el respeto a su autonomía, y el fortalecimiento de órganos técnicos como el CESU, el CNA y del SNIES son fundamentales para consolidar políticas públicas con legitimidad y eficacia y reconfigurar el sistema de educación superior para que sea más justo, pertinente y transformador. Las universidades estamos listas para trabajar en ese propósito común.