Esta expresión encierra una verdad profunda que, trasladada al ámbito de la educación superior, refleja la tensión entre lo que se percibe desde afuera y lo que realmente acontece al interior de las instituciones de educación superior (IES). En especial, esta frase se ajusta a la realidad de la educación superior privada en Colombia, cuya labor, aunque esencial, suele ser vista solo desde un ángulo: el del servicio que presta y el costo que implica para las familias, sin reconocer plenamente los aportes, esfuerzos y limitaciones que enfrenta en un contexto complejo y desafiante.
El país ha construido, en torno a la educación superior, un discurso donde se privilegia la visión de lo público como garante del derecho a la educación, lo cual es legítimo y necesario. Sin embargo, se ha tendido a desconocer el papel complementario y decisivo de las universidades privadas que, con sus propios recursos y modelos de sostenibilidad, han contribuido históricamente a ampliar la cobertura, diversificar programas y ofrecer oportunidades a miles de estudiantes que, de otro modo, quedarían excluidos. Allí radica la pertinencia de la frase inicial: nadie sabe con la sed que bebe una universidad privada, pues no siempre se comprende lo que significa sostener la calidad, la accesibilidad y la pertinencia en un escenario de escasos apoyos estatales y de crecientes exigencias sociales.
La pregunta entonces es clave: ¿cuáles deberían ser las prioridades estratégicas del próximo gobierno para el fortalecimiento de la educación superior en Colombia? Una primera prioridad es reconocer la educación superior como un sistema integral, en el que lo público y lo privado no se excluyen, sino que se complementan. Este reconocimiento debe traducirse en políticas que no discriminen por naturaleza jurídica, sino que promuevan la equidad de trato y el apoyo diferencial según las necesidades.
En segundo lugar, se requiere fortalecer los esquemas de financiación estudiantil. Programas como el ICETEX han sido valiosos, pero necesitan una reforma de fondo que los haga más accesibles, menos onerosos y realmente solidarios con los estudiantes y sus familias. Un esquema de créditos y subsidios bien diseñado impactaría tanto a universidades públicas como privadas, pues el estudiante es el centro del proceso educativo.
La tercera prioridad estratégica es impulsar la calidad y la pertinencia de la oferta educativa, en diálogo con las demandas del país. Ello supone invertir en ciencia, tecnología e innovación, fomentar la investigación aplicada y apoyar la vinculación de las universidades con el sector productivo y con las comunidades. Las IES privadas ya realizan un esfuerzo notable en este sentido, pero requieren de incentivos y alianzas que fortalezcan su capacidad de impacto.
Por último, el próximo gobierno debería garantizar una gobernanza del sistema educativo más participativa y articulada, donde las universidades privadas tengan voz en la definición de políticas públicas, no solo como prestadoras de un servicio, sino como agentes activos en la construcción de país.
En conclusión, la sed que bebe cada institución —sea pública o privada— es distinta, pero igualmente legítima. Reconocer estas realidades, con sus desafíos y aportes, permitirá al próximo gobierno asumir un compromiso serio con un sistema de educación superior más justo, inclusivo y sostenible.