Para fortalecer el sistema de educación superior, el próximo gobierno de Colombia debe asumir seis prioridades estratégicas, con una visión de Estado y compromiso territorial.
- Consolidar la Garantía del derecho a la educación superior como derecho fundamental: Se debe pasar del modelo de la educación como un servicio a su reconocimiento como un derecho. Esto implica asegurar la gratuidad progresiva, ampliar la cobertura con un enfoque diferencial y territorial, y garantizar condiciones reales de permanencia para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
- Financiación estructural y sostenible: Es necesario adoptar un modelo de financiación que se base en la cobertura, calidad, investigación y la pertinencia regional. Este modelo también debe reconocer las asimetrías territoriales y el papel de las universidades como motores de desarrollo.
- Cierre de brechas sociales, territoriales y de calidad: Se deben reducir las desigualdades que existen entre la educación pública y privada, y entre la urbana y la rural. Esto incluye abordar las brechas de conectividad y las diferencias en las competencias previas que limitan el acceso y el éxito en la educación superior.
- Transformación digital e inteligencia artificial con sentido ético y social: El gobierno debe implementar políticas que permitan a las universidades liderar la apropiación crítica y el desarrollo de tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial. El objetivo es garantizar la soberanía tecnológica, la formación de talento y marcos éticos que eviten el aumento de las brechas existentes.
- Calidad con inclusión y flexibilidad: Se deben fortalecer los sistemas de aseguramiento de la calidad, reconociendo la diversidad institucional y garantizando la pertinencia de la oferta académica. También se deben flexibilizar las rutas formativas para incluir modalidades híbridas, microcredenciales y la articulación con la educación para el trabajo.
- Investigación e innovación con impacto territorial: Se debe consolidar una política nacional de ciencia, tecnología e innovación que vincule a las universidades como actores clave en la transformación productiva, la acción climática y la preservación cultural. Esto requiere una inversión pública sólida y mecanismos de cofinanciación para los ecosistemas regionales de conocimiento.
Estas prioridades sólo se podrán lograr con una gobernanza participativa del sistema, un diálogo constante entre el Estado, las instituciones, la sociedad civil y el sector productivo. Esto garantizará que la educación sea una herramienta para la paz, la equidad y el desarrollo sostenible.