Hablar de educación en Colombia es reconocer nuestras desigualdades y posibilidades. Se evidencian en las aulas rurales, donde la conectividad es limitada y la dispersión geográfica dificulta el acceso, en las brechas de género que aún marcan los aprendizajes y trayectorias, en los colegios urbanos donde la deserción se mantiene como un obstáculo silencioso o en la llegada de estudiantes migrantes que nos recuerdan que educar también es incluir.
Aunque hay avances en educación, persisten desafíos urgentes: cobertura que no siempre garantiza calidad, desigualdades socioeconómicas y una débil articulación entre niveles educativos. Como sociedad, sabemos que la educación es la mejor estrategia para construir un país más justo, como actores del sistema educativo entendemos que requiere visión y compromiso político.
La educación superior debe pensarse como parte integral y articulada del sistema educativo, no como una meta aislada. En consecuencia, las prioridades estratégicas para el próximo gobierno deben considerar esta realidad e identificar las especificidades y oportunidades de la educación superior en Colombia.
Entre las prioridades se destacan:
- Reconocer y garantizar el derecho fundamental a la educación mediante un sistema mixto de calidad. La educación superior en Colombia ha crecido gracias a la participación pública y privada. La prioridad es consolidar un sistema que combine lo mejor de ambos mundos, con mecanismos de financiación sostenibles, criterios claros de calidad y una apuesta decidida por la equidad.
- Ampliar la visión de la educación superior para incluir y valorizar la educación técnica y tecnológica (TyT). La educación superior es más amplia que la educación universitaria o la formación profesional. La formación TyT debe reconocerse como un camino posible y valioso, con incentivos adecuados y sistemas propicios de certificación y articulación con el mercado laboral. Los retos de productividad del país requieren una acción decidida para contar con una educación TyT acorde con las necesidades actuales y la adopción de nuevas tecnologías.
- Responder a las demandas del mercado laboral sin perder de vista la formación integral. Es necesario construir programas que respondan a transformaciones económicas y tecnológicas, y que, también, desarrollen competencias perdurables: pensamiento crítico, comunicación, creatividad, trabajo en equipo y capacidad de aprender a lo largo de la vida, entre otras.
- Hacer de la educación superior un verdadero escalón en el camino de la movilidad social. Es indispensable fortalecer la educación básica y media, cerrar brechas de origen socioeconómico y asegurar mecanismos efectivos de acceso, permanencia y graduación en todos los niveles educativos.
- Impulsar la flexibilidad y agilidad del sistema. La educación superior debe ser capaz de responder a un entorno dinámico con programas modulares, interdisciplinarios y con modelos de aprendizaje dual con actores del sector productivo. Esto requiere una regulación que así lo permita.
La educación básica y media nos muestran desafíos inmediatos: desigualdad, deserción, falta de articulación. La educación superior está llamada a recoger esas lecciones para proyectar un sistema que forme profesionales y contribuya a transformar realidades.
El reto del próximo gobierno será doble: garantizar el derecho fundamental a una educación de calidad en todos los niveles y posicionar a la educación superior como motor de equidad, innovación y movilidad social.