Recordemos que el espíritu de la educación superior, es su naturaleza de estar en el corazón de las dinámicas sociales, en ese diálogo natural de los saberes de los estamentos con los actores de la múltiple hélice. Esa cercanía es el origen de sus fortalezas por cuanto allí residen las propuestas a todo nivel y la capacidad de responder apropiadamente a los distintos retos. De aquí se desprende el respeto a la autonomía universitaria, indiscutiblemente, un factor de vitalidad para la razón de ser de las universidades.

Otra de las fortalezas tiene que ver con el eje de la docencia, en donde el criterio de formar para el mundo actual debe ser la impronta del sistema, con gran capacidad de adaptarse rápidamente a las exigencias de formación derivadas de una sociedad en permanente cambio, llena de incertidumbres. Por eso, a largo plazo será posible que las ofertas curriculares sean el resultado de una co construcción entre los potenciales usuarios a partir de sus expectativas formativas y las universidades desde sus diferentes ámbitos del saber. 

Igualmente, en un futuro casi inmediato, debe haber en el sistema de educación superior acciones que permitan evidenciar cómo la transferencia fundamenta la investigación y siempre está en la perspectiva de ayudar en la solución de problemas concretos. Asimismo, el otro eje sustantivo de extensión, debe liderar las regiones hacia el desarrollo social.

No puede olvidarse en estas fortalezas, las institucionalidades representadas en el Sistema Universitario Estatal, SUE, y en la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Ambas han sido y seguirán como entidades empeñadas en garantizar, entre otras acciones, pertinencia, calidad, autonomía y difusión del conocimiento en el marco del sistema.

• ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sector y qué estrategias podrían implementarse para asegurar la sostenibilidad a futuro?

El sector de la educación superior en Colombia, en particular el público, ha vivido históricamente circunstancias que en lugar de afianzarlo han pretendido debilitarlo.  Muchas han sido, entonces, las exigencias triestamentarias al respecto, con las cuales se ha garantizado continuar con la oportunidad de formación universitaria a los distintos aspirantes de la sociedad. 

Hablar de retos, por tanto, significa ver las distintas aristas de los mismos, entre otras: de legitimidad, reglamentarias, presupuestarias, de oferta formativa, los procesos de acreditación,

En relación con la legitimidad o acreditación social, las instituciones debemos enfrentar ese desgano social para llegar a la educación superior y proponer ofertas de formación en términos de validez para los proyectos de vida. Como sistema, entonces, estructurar mecanismos y propuestas que involucren a todos los actores de la múltiple hélice.

Lo reglamentario, como sucede hoy día, permite reforzar las dinámicas propias institucionales o ponerlas bajo condición. En este aspecto, las reglamentaciones que existen deben ser analizadas por las instituciones y producir unas reformas que apalanquen efectivamente la participación democrática, sin detrimento de la autonomía, por un lado, y los procesos administrativos y de selección de personal. En otras palabras, me refiero a la autonomía como una característica sagrada de la educación superior pública, la cual debe conservarse y ante todo respetarse siempre.

El tema presupuestario, la base para el sector, eso sí, haciendo la diferencia de si la oferta es pública o privada. Así entonces, es necesario que los aportes estatales no estén congelados o con escaso aumento anual, lo cual afecta tanto la sostenibilidad como la calidad del sistema público. El reto es que en el marco de la aplicación de recursos derivada del capítulo V de la actual Ley 30 de 1992, en sus artículos 86 y 87, los que debieran actualizarse, como es la pretensión del Gobierno y que ojalá llegue a feliz término, se incrementen los recursos. Ese incremento debe contemplar tanto el índice de costos de la educación superior como las demás variables que afectan la base presupuestal y así impactar positivamente el desfinanciamiento estructural que se padece. Con ello se posibilitará la anhelada formalización de los docentes de contrato de las universidades y, además, los ejes sustantivos de docencia, investigación y extensión, elevarán sus compromisos con las realidades regionales, aspecto que afianzará esa necesaria legitimación social.

En cuanto al reto de la oferta formativa, debe desarrollarse en términos de diálogo con la realidad. De allí que el sector, sin importar si es público o privado, debe exigirse permanentemente para jalonar el desarrollo oportuno de los entornos territoriales, pero siempre con visión global. A los resultados de investigación, por ejemplo, a través de sus patentes que sean gestionadas por el Estado a nivel central, de tal forma que puedan llegar a comercializarse nacional o internacionalmente.

De otro lado, es necesario hacer más eficientes los procesos de acreditación y, de paso, permitir que haya una oferta formativa flexible y cambiante, resultado de su periodicidad. Además, ampliar el acceso universal actual de pregrado a las formaciones posgraduales, especialmente de doctorado y posdoctorado.  Estos procesos deben migrar a evitar la rigidez de los meros indicadores y escalar al análisis de los modelos particulares de universidad, en tanto su real influencia territorial. De aquí podría derivarse la posibilidad de centros de excelencia regionales, apalancados por las fortalezas académicas de sus instituciones.