Desde la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN hemos hecho parte activa y constructiva de la educación superior del país; por ello, reconocemos los avances relevantes construidos en la última década, en medio de tensiones estructurales sin resolver que requieren soluciones de Estado. Destacamos el crecimiento sostenido de la matrícula, la expansión territorial de la oferta y la diversificación institucional, los esfuerzos por fortalecer la educación pública y la gratuidad de la matricula. Sin embargo, el aumento de la cobertura continúa siendo un desafío complejo. Aún persisten brechas territoriales, de género, desigualdades en la elección de áreas del conocimiento, sesgos estructurales que afectan la permanencia y un modelo de aseguramiento de la calidad que no equilibra exigencia, diversidad y pertinencia. En conjunto con lo anterior, las tensiones financieras derivadas del marco fiscal, la fragmentación normativa, necesidad de modernizar la gobernanza y dificultades para conciliar expansión, calidad y sostenibilidad.
En este sentido, enfrentamos la necesidad de construir una visión de la educación superior que responda a los retos nacionales y globales como el cambio demográfico, la disminución de la natalidad, la transformación tecnológica, especialmente impulsada por la inteligencia artificial, el cambio climático y la transición energética; igualmente, las crecientes demandas sociales de equidad, inclusión y justicia ambiental. Por consiguiente, es necesario continuar avanzando en consolidar un Sistema Nacional de Educación con enfoque de derecho, bien público y corresponsabilidad social. La educación superior, como actor para articular esfuerzos intergeneracionales, que favorezca la construcción de confianza, conocimiento y formación ciudadana, que genere respuestas integrales y sostenibles a los problemas de país. Necesitamos una nueva gobernanza intersectorial con políticas para promover trayectorias educativas flexibles y diversas, que amplíen oportunidades para quienes históricamente han sido excluidos de la educación superior por factores como la edad, la condición laboral o la ubicación territorial. Abordar estas y otras apuestas requiere una mirada de país y una convicción de la necesidad de construir consensos para lograr decisiones políticas y normativas que permitan avanzar entre otros aspectos, en fortalecer las políticas de acceso, cobertura y permanencia; definir un modelo integral y sostenible de financiamiento del sistema mixto; transformar la gobernanza del sistema; reorientar el sistema de aseguramiento de la calidad; desarrollar políticas integrales de bienestar; impulsar una agenda estratégica de transformación digital y adopción ética y soberana de la inteligencia artificial; y, fortalecer la internacionalización como política de Estado.
Comprender la educación superior como una apuesta intergeneracional, concebida como compromiso de Estado, permitirá construir colectivamente una visión de futuro y avanzar en las transformaciones del sector.
No es solo una postura sectorial, sino una apuesta de país: la convicción sobre el desarrollo sostenible, la justicia social, la paz y productividad dependen de un sistema de educación superior sólido, articulado e innovador.