La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) participó activamente en la audiencia pública organizada por el Congreso de la República para discutir el Proyecto de Acto Legislativo No. 08 de 2024, que busca modificar la Constitución en aspectos clave relacionados con la educación en Colombia. En este espacio, ASCUN se posicionó como un articulador fundamental entre las instituciones de educación superior y el poder legislativo, promoviendo un diálogo abierto y crítico en torno a la propuesta.
Durante la audiencia, rectores, expertos y representantes de instituciones de educación superior (IES) tanto públicas como privadas presentaron sus inquietudes y aportes.
Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, enfatizó la necesidad de actualizar la normativa vigente para responder a los retos futuros, mientras que Harold Castilla, rector de Uniminuto, criticó la imposición de una única forma de gobernanza por parte del Estado. También Manuel Acevedo, exrector de la Universidad CES, alertó sobre los altos costos fiscales que la reforma podría acarrear, además de advertir sobre el riesgo de alterar los preceptos constitucionales que han guiado a la educación superior en Colombia.
Andrés Bedoya, secretario general de la Universidad del Tolima, alertó sobre el peligro que la reforma podría suponer para el autogobierno universitario: “Definir la forma en que debe ejercerse la participación democrática en la gestión educativa, como pretende la modificación del artículo 68, es suprimir el principio de autogobierno universitario”.
Por su parte, Christian Rodríguez, representante de Universidad del Magdalena, indicó que llama la atención que se creen organismos de carácter constitucional cuando el Congreso de la República en otras decisiones los ha eliminado. “Preocupa que esa tendencia se retome, sobre todo cuando puede sustituir la Constitución”.
En el debate también participaron otras voces expertas en el sector educativo. Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, manifestó que la información sobre los costos de esta nueva entidad es insuficiente. Según sus estimaciones, sólo en salarios, el nuevo ente regulador podría costar hasta 0.4 billones de pesos anuales.
Héctor Bonilla, exrector de la Universidad Antonio Nariño, subrayó además la importancia de la colaboración entre el Estado y la iniciativa privada en el sostenimiento del sistema educativo, mientras que Elizabeth Bernal, secretaria general de ASCUN, manifestó algunas de las preocupaciones recibidas en los conceptos que construyeron más de 10 universidades; en estos, se cuestiona la necesidad de una reforma constitucional, dado que, en los últimos años, se han aprobado leyes y decretos que ya fortalecen la garantía del derecho y la calidad de la educación superior dentro del marco constitucional vigente.
Aunque en las universidades hay diversas opiniones sobre la necesidad de una superintendencia en educación, preocupa que se cree un nuevo ente sobredimensionado que podría frenar procesos esenciales, como la innovación en el sector. Dado que las universidades públicas como las privadas ya están sujetas a controles desde el Estado en ámbitos específicos, aumentar el control de una entidad externa podría afectar áreas clave como la formación, investigación y extensión.
Las y los académicos, abogados y directivos de las instituciones de educación superior que intervinieron lanzaron alertas sobre varios aspectos preocupantes, como el control sobre las instituciones educativas, la creación de entidades sin los recursos suficientes y la imposición de una democracia directa. Estos elementos, que ya se habían discutido en proyectos de ley anteriores, ahora toman un carácter más urgente y delicado al estar vinculados a una modificación de la Constitución Política de Colombia.
La audiencia pública concluyó destacando la importancia de continuar con este debate, dada la magnitud de los temas abordados. «La conclusión más importante de la audiencia de hoy es que este debate es necesario. Por esa razón, se suspende y se mantiene la intención de seguir discutiendo puntos críticos como el control, la democracia directa y otros términos que conllevan riesgos importantes», afirmó Bernal.
Con esta participación, ASCUN reafirma su papel como intermediario clave en la construcción de políticas educativas, velando por la autonomía universitaria, el sistema nacional de educación superior diverso, plural y mixto y la calidad de la educación en el país, mientras sigue promoviendo un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados.