Legisladores, expertos del gobierno, gremios educativos y representantes territoriales se reunieron para construir propuestas de financiamiento sostenible para el sistema educativo del país.
En las instalaciones del Congreso de la República de Colombia se llevó a cabo el Foro Nacional «Desafíos y alternativas de la financiación de la educación en Colombia: perspectivas de la Ley de Competencias», un espacio de análisis y diálogo que reunió a congresistas, funcionarios del Gobierno Nacional, expertos en política fiscal, gremios del sector educativo y representantes territoriales para abordar uno de los temas más estratégicos para el futuro del país.
El evento, realizado en modalidad presencial e híbrida, fue instalado por el senador Guido Echeverri, coordinador de la Comisión Accidental de la Ley de Competencias y miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial y la Comisión Sexta del Senado de la República. También participaron en la apertura Carlos Alberto Garzón Flórez, coordinador académico del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, y Andrés Vásquez, gerente general de FODESEP.
Sostenibilidad del sistema educativo, en el centro del debate
La jornada se articuló en torno a cuatro grandes ejes temáticos: los impactos del presupuesto y las perspectivas frente a la Ley de Competencias; las alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema educativo; el análisis técnico sobre el impacto de la Ley por parte de expertos; y las propuestas innovadoras de financiación en educación.
En uno de los paneles centrales, dedicado al análisis técnico de la sostenibilidad e impacto de la Ley de Competencias, participaron Darío Indalecio Restrepo, director de la Misión de Descentralización y representante de la Red RINDE; Diego Carrero Barón, secretario técnico de la Ley de Competencias y asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ismael Molina, subdirector de Apoyo Fiscal del mismo ministerio; y Diego Escallón Arango, director general (E) de ATENEA. El panel fue moderado por Juan Alfredo Pinto, rector de Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá – Uniempresarial.
Desde la perspectiva de la gestión territorial, Ilich Gustavo Ortiz, director de Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional, abordó los retos operativos del Sistema General de Participaciones (SGP), la cofinanciación Nación-territorio y la implementación efectiva de la política pública educativa en las regiones.
Gremios y asociaciones presentan propuestas innovadoras
Un tercer panel reunió la voz de los principales gremios, asociaciones y redes del sector educativo para presentar alternativas concretas de financiamiento. Oscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, planteó la necesidad de una reforma estructural del modelo vigente:
«La sostenibilidad financiera de la educación superior requiere superar la fragmentación normativa y presupuestal, reconocer la educación como derecho y bien público, y establecer un nuevo esquema de financiamiento de largo plazo que articule instituciones públicas y privadas, con criterios de equidad territorial, calidad, permanencia y bienestar.»
En el panel también intervinieron Lorenzo Portocarrero (ACIET), Carlos Granadillo (ASIESCA), Vicky Vera (ADECOPRIA), Gilberto Salcedo (ASENOF), Leonardo Rojas de la Federación Colombiana de Municipios y Yarelis Lara de la Red Colombiana de Posgrados, quienes aportaron propuestas enfocadas en soluciones viables, sostenibles y alineadas con la realidad fiscal y territorial del país.
Insumos para la construcción de la Ley de Competencias
Al cierre del foro, los organizadores destacaron que las reflexiones y aportes compartidos a lo largo de la jornada contribuirán directamente al debate legislativo y a la construcción de propuestas para una financiación educativa más equitativa y sostenible.Los insumos generados alimentarán el proyecto de Ley de Competencias, desde una mirada que integra las dimensiones legislativa, académica, fiscal y territorial.
La Ley de Competencias plantea una redistribución de responsabilidades entre la Nación y los territorios en materia educativa, lo que implica cambios estructurales en el manejo del SGP y en los mecanismos de descentralización. El debate sobre su financiamiento es considerado clave para garantizar que su implementación no comprometa la calidad ni la cobertura del sistema educativo colombiano.