Con esta publicación, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) da inicio a una nueva sesión informativa titulada «Educación Superior en la agenda legislativa: lo que dicen los Secretarios de las Comisiones Sextas», un espacio que busca acercar a la comunidad académica, las instituciones y la opinión pública a los debates legislativos que inciden directamente en el presente y futuro de la educación superior en Colombia.
Consultamos a los secretarios de las Comisiones Sextas Constitucionales Permanentes del Senado y la Cámara de Representantes, órganos responsables del estudio de iniciativas clave en el campo educativo. En esta primera entrega, compartimos las reflexiones de Jorge Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, quien compartió su visión sobre el papel de ASCUN, la participación de la academia en el debate legislativo y los principales retos normativos del sector.
¿Cuál es el papel y competencia de la Comisión Sexta del Senado?
«La Comisión Sexta Constitucional Permanente del Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, ejerce competencias legislativas en las materias expresamente definidas por el ordenamiento jurídico, entre las cuales se incluyen las comunicaciones, las tarifas, la atención de calamidades públicas, las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos, los medios de comunicación, la investigación científica y tecnológica, el espectro electromagnético, la órbita geoestacionaria, los sistemas digitales de comunicación e informática, el espacio aéreo, las obras públicas y el transporte, así como el turismo, el desarrollo turístico, la educación y la cultura.»
«De conformidad con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 3 de 1992, estas materias se asignan a la Comisión Sexta como objeto de su competencia para el primer debate legislativo, conforme a lo establecido en la Ley 5ª de 1992, que regula el Reglamento del Congreso.»
«En el ámbito específico de la educación superior, la Comisión Sexta es protagonista en la deliberación democrática y la formulación de políticas públicas en la materia, al tiempo que funge como instancia de control político sobre las entidades del orden nacional responsables de su diseño, implementación y evaluación. Por ende, su función excede la función normativa y comprende un deber constitucional de promover el diálogo interinstitucional, así como de garantizar que el desarrollo legislativo del sector se articule con el principio de progresividad de los derechos sociales y con la consolidación efectiva del derecho fundamental a la educación, conforme a los postulados del Estado Social de Derecho.»
¿Cuáles son los proyectos más importantes que se han tramitado en la presente legislatura en la Comisión Sexta de Senado, con incidencia en la educación superior?
«Durante el actual periodo legislativo, la Comisión Sexta Constitucional Permanente ha tramitado y discutido un conjunto de proyectos de ley con incidencia directa en el régimen jurídico de la educación superior en Colombia. Se destacan, entre éstos, iniciativas orientadas a la regulación de la educación en contextos rurales, la reglamentación de profesiones, la consolidación del principio de gratuidad educativa y la reforma de parámetros vinculados al sistema de aseguramiento de la calidad, evidenciando, de esta manera, propuestas normativas que dan cuenta de una agenda legislativa que reconoce la importancia del derecho a la educación como derecho fundamental.»
¿Cuál es su apreciación frente a la participación de la academia y las universidades en el trámite legislativo?
«La participación de la academia y de las instituciones de educación superior en los procedimientos legislativos es una expresión sustantiva del principio democrático en su dimensión deliberativa, con fundamento en los artículos 1º, 2º, 40 y 69 de la Constitución Política. Se configura como un derecho y, al mismo tiempo, como un deber constitucional que fortalece el contenido técnico, científico y especializado de las normas en formación, y que materializa el mandato de colaboración armónica entre las autoridades públicas y los distintos sectores de la sociedad civil.»
«De modo que la academia no puede ser concebida como un agente pasivo dentro del orden jurídico, sino como un sujeto colectivo con legitimidad para incidir en la estructuración normativa que regula su organización, su autonomía funcional y su contribución al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Por lo cual su intervención enriquece la deliberación legislativa y constituye una garantía institucional para la construcción de un sistema normativo coherente, legítimo y ajustado a los valores del Estado Social y Democrático de Derecho.»
En el desarrollo de las distintas sesiones de las comisiones se han presentado temas recurrentes relacionados con cobros, financiación, formación en programas específicos, calidad, bienestar, gobierno y autonomía universitaria ¿Cómo cree usted que se pueda aclarar en el ejercicio legislativo el alcance de los proyectos frente a la sostenibilidad de las IES y el futuro del sistema educativo nacional?
«La sostenibilidad de las instituciones de educación superior y la proyección estructural del sistema educativo nacional exigen que el ejercicio legislativo se oriente conforme a criterios de coherencia normativa, respaldo en evidencia empírica y análisis técnico de impacto regulatorio.»
«Por lo cual resulta indispensable que los proyectos de ley sometidos a consideración incluyan una estimación rigurosa de sus efectos fiscales, organizacionales y pedagógicos, en particular cuando se trata de disposiciones que afectan el régimen de financiación, la estructura de gobernanza institucional de las IES y las condiciones para el ejercicio efectivo de la autonomía universitaria.»
«Con el propósito de evitar interferencias que desarticulen el modelo académico o desnaturalicen la misión social de las universidades, y, por el contrario, asegurar que la sostenibilidad del sistema universitario implique, en esencia, la protección integral de su autonomía como principio rector del orden constitucional educativo.»
¿Cómo considera el rol de ASCUN frente a los trámites legislativos que se adelantan en el Congreso?
«ASCUN desempeña una función institucional fundamental como interlocutor técnico, académico y político en los procesos legislativos que inciden sobre el sector de la educación superior. Su actuación concreta principios constitucionales como la representación, la colaboración armónica y la defensa del interés general en materia educativa.»
«ASCUN se ubica dentro de los mecanismos democráticos de participación y control social, así como en la esfera legítima de la formulación de propuestas normativas, lo cual le permite actuar como garante de la pluralidad universitaria mediante la articulación de posturas institucionales sustentadas en conocimiento especializado y en la trayectoria académica de sus universidades afiliadas.»
«Su presencia en el Congreso representa una contribución esencial a la racionalización del debate legislativo, a la construcción técnica de consensos en torno a los fines esenciales de la educación superior y al aseguramiento de que las reformas legales que se promuevan respeten los principios de legalidad, progresividad y autonomía universitaria consagrados en el orden constitucional.»
Una agenda informada, participativa y con sentido estratégico
Desde ASCUN creemos que fortalecer el vínculo entre la academia y el Congreso es esencial para asegurar que las decisiones legislativas respondan a los retos reales de las instituciones de educación superior y del país. Esta nueva sesión informativa busca mantener y fortalecer el puente entre el conocimiento de la academia, el diálogo institucional y el ejercicio democrático.
Al divulgar estas entrevistas, no solo promovemos la transparencia y la pedagogía legislativa, sino que también contribuimos a una mayor participación de las universidades en los procesos de formulación normativa. Como lo expresa el secretario Laverde, la participación académica es tanto un derecho como una responsabilidad constitucional.
Invitamos a nuestras instituciones afiliadas, a la comunidad académica, a los responsables de política pública y a la ciudadanía interesada, a seguir estas reflexiones con atención y a sumarse a este esfuerzo por construir un sistema educativo más articulado, autónomo, sostenible y comprometido.
Próximamente estaremos compartiendo nuevas entrevistas y análisis que seguirán ampliando este panorama legislativo.
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