Boxeadores con daños neurológicos, ciclistas lesionados sin cobertura y atletas que pasan años entrenando sin riesgos laborales ni atención especializada hacen parte de la realidad que enfrentan algunos deportistas profesionales en el país.
Aunque la Ley 181 de 1995 —conocida como Ley del Deporte— y la Ley 100 de 1993 contemplan mecanismos de protección para los atletas, Sandra Milena Araque Jaramillo, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), encontró que, en la práctica, muchos de esos derechos terminan siendo accesibles solo para quienes alcanzan medallas, reconocimiento o éxito deportivo.
De igual manera, evidenció que el acceso a salud dentro del deporte profesional colombiano está marcado por desigualdades asociadas a clase social, género, territorio e incluso el tipo de disciplina practicada.
Según la experta, entre los vacíos más graves identificados se encuentra que el país no cuenta con cifras oficiales consolidadas sobre cuántos deportistas profesionales existen, cuántos viven realmente de esta actividad o cuántos tienen afiliación efectiva a salud, pensión y riesgos laborales.
“En el país no hay datos suficientes para saber cuántos deportistas profesionales están desprotegidos. Eso hace que el problema permanezca oculto y que las políticas públicas se enfoquen más en los resultados deportivos que en las condiciones de vida de los atletas”, explica la investigadora Araque.
Para reconstruir esta realidad entrevistó a 9 deportistas profesionales —6 hombres y 3 mujeres— de boxeo, ciclismo y tenis provenientes de Bogotá, Santander, Villa Pinzón, Pacho, Montería y Sahagún. A través de sus trayectorias de vida analizó cómo las desigualdades sociales terminan moldeando la salud y las oportunidades dentro del deporte.
Los testimonios revelaron que ninguno de los deportistas había tenido acceso estable a aseguradoras de riesgos laborales, pese a que sus profesiones implican lesiones constantes, sobreesfuerzo físico y exposición permanente al daño corporal.
“Todos afirmaban que habían entrenado y competido durante años sin protección real frente a accidentes o secuelas derivadas de su práctica deportiva”, señala.
Además de entrevistar deportistas profesionales, la investigadora revisó legislación colombiana (ley 181 de 1995 -ley del deportista- y la Ley 100 de 1993), políticas públicas, informes institucionales y estudios internacionales para analizar cómo factores como la clase social, el género, el territorio y el acceso económico terminan definiendo los riesgos y las desigualdades en salud dentro del deporte profesional.
Esto con el fin de encontrar por qué estaban ocurriendo estas situaciones desde el enfoque de determinantes sociales de salud, en el cual se analiza la clase social, el género, el territorio, acceso económico y las relaciones de poder que definen el riesgo de estos deportistas en cuanto a salud.
A mayor peligro, peores condiciones de salud
Los boxeadores, expuestos diariamente a impactos en la cabeza y traumatismos severos, permanecen en muchos casos afiliados al régimen subsidiado o dependen de servicios mínimos de atención, mientras deportistas de disciplinas asociadas a mayores ingresos, como el tenis, logran acceder a medicina prepagada y tratamientos especializados.
Según la investigadora, el deporte en Colombia reproduce las mismas jerarquías sociales del país. El boxeo suele concentrarse en territorios históricamente marginados de las costas Caribe y Pacífica; el ciclismo aparece ligado a regiones rurales trabajadoras; y el tenis permanece asociado a sectores urbanos con mayores recursos económicos y acceso a clubes privados.
“El tipo de deporte que practica una persona muchas veces está definido por el dinero, el territorio y las oportunidades a las que pudo acceder desde niño”, explica.
También advierte que dentro del deporte profesional se ha normalizado el dolor. Lesiones crónicas, fracturas, deterioro físico y afectaciones neurológicas suelen asumirse como “parte del oficio”, incluso cuando pueden dejar secuelas irreversibles.
Uno de los casos que más impactó a la investigadora fue el de un boxeador de 40 años que presentaba dificultades para recordar episodios de su vida durante la entrevista.
“Había momentos en que no lograba reconstruir bien algunos recuerdos y se confundía, pero él no veía eso como consecuencia de los golpes recibidos durante años de carrera”, relata.
Recuerda que estudios internacionales ya han documentado que deportes de contacto como el boxeo pueden producir lesiones craneoencefálicas, deterioro cognitivo e incluso demencia en el largo plazo. Sin embargo, en Colombia ni siquiera existen estadísticas oficiales robustas sobre lesiones deportivas o afectaciones neurológicas en atletas profesionales.
Aunque la Ley 181 de 1995 y la Ley 100 de 1993 contemplan beneficios en salud y seguridad social para deportistas, la investigación encontró que estas normas resultan insuficientes porque gran parte de la protección depende de alcanzar títulos o reconocimientos, dejando por fuera a cientos de atletas que entrenan y compiten profesionalmente sin garantías laborales reales.
A las desigualdades económicas se suman además las de género. Las mujeres deportistas reciben menos patrocinio, menores premios y salarios más bajos, además de enfrentar mayores presiones sociales para abandonar su carrera y asumir labores de cuidado en el hogar. En algunos casos, incluso persisten prejuicios sobre qué deportes “deberían” practicar.
Otro hallazgo relevante es que muchos deportistas desconocen completamente los derechos que las leyes colombianas les reconocen, encontrando que algunos atletas llevaban años compitiendo sin saber que podían exigir cobertura en salud o afiliación a riesgos laborales.
Para la investigadora, esto refleja cómo el sistema deportivo colombiano ha priorizado históricamente el espectáculo y algunos deportes como el fútbol, las medallas y el rendimiento por encima del bienestar de quienes sostienen el deporte con su cuerpo.
De esta manera, la doctora Araque hace un llamado para que el país reconozca plenamente el deporte profesional como una actividad laboral de alto riesgo y se construyan políticas públicas que garanticen protección integral a los atletas, independientemente de si llegan o no al podio.