Después de 10 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, el economista Paul Collier, profesor de la Universidad de Oxford, afirmó que Colombia alcanzó un cambio histórico al sacar la violencia de la disputa política. Sin embargo, advirtió que el país no consolidó esa oportunidad en los territorios, en donde las organizaciones criminales terminaron ocupando el espacio que dejaron las antiguas FARC-EP.
Collier, uno de los investigadores más influyentes del mundo en economía del desarrollo y conflictos armados, considera que el balance del proceso de paz no se puede hacer desde los extremos: ni el Acuerdo de 2016 resolvió todos los problemas del país, ni fracasó por completo.
Dijo que su mayor aporte fue cambiar la manera en que los colombianos entienden la violencia como herramienta para hacer política, pero el gran desafío pendiente ha sido traducir ese logro en transformaciones concretas para las regiones más afectadas por el conflicto.
Durante la conferencia “Políticas públicas de paz para el Ddesarrollo”, realizada en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) en el marco del Congreso Internacional “10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad”, el profesor Collier invitó a mirar la paz como un proceso de largo plazo que requiere instituciones sólidas, crecimiento económico, presencia efectiva del Estado y políticas públicas capaces de reducir las brechas que históricamente han alimentado la violencia.
“La oportunidad creada por el Acuerdo de Paz, en gran medida, no se ha aprovechado al máximo”, aseguró el economista británico.
El académico también sostuvo que el país aún está a tiempo de recuperar ese camino, siempre que la implementación del Acuerdo deje de entenderse únicamente como un compromiso entre el Estado y un antiguo grupo armado, y pase a convertirse en una estrategia integral de desarrollo para los territorios en donde persisten el abandono institucional, la pobreza y las economías ilegales.
El mayor logro fue cambiar las reglas de la política
Aunque buena parte del debate público suele centrarse en los indicadores de seguridad o en las dificultades de la implementación, para el profesor Collier el cambio más profundo ocurrió en un terreno menos visible: la pérdida de legitimidad de la violencia.
A su juicio, el principal resultado del Acuerdo no fue únicamente el desarme de las antiguas FARC o la disminución de los enfrentamientos, sino haber modificado una idea que durante décadas marcó el conflicto colombiano, en la que las armas podían ser un camino válido para alcanzar objetivos políticos.
Explicó además que este cambio representa una transformación cultural de enorme alcance porque supone que la sociedad deja de aceptar la violencia como mecanismo para disputar el poder y empieza a resolver sus diferencias a través de procesos democráticos.
Para ilustrar esa idea recordó un episodio ocurrido en Bretaña (Francia), en donde un atentado perpetrado por un movimiento separatista produjo un efecto contrario al esperado, pues, lejos de despertar simpatía hacia la causa, generó una movilización ciudadana que rechazó públicamente cualquier forma de violencia política. Ese rechazo social terminó aislando al grupo responsable y cerrando cualquier posibilidad de respaldo.
Según el catedrático, ese tipo de respuestas son fundamentales para consolidar una paz duradera, porque muestran que el éxito de un acuerdo no depende únicamente de las decisiones del Estado o de los actores armados, sino también de la disposición de la sociedad para rechazar la violencia como instrumento de acción política.
El crimen organizado es un desafío
Pese a reconocer el avance del Acuerdo de Paz, el académico explicó que, tras la salida de las antiguas FARC de amplias zonas del país, el Estado no consiguió consolidar con suficiente rapidez una presencia institucional que ofreciera seguridad, justicia, inversión y oportunidades para las comunidades.
Por eso el vacío fue aprovechado por organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas, que encontraron un escenario propicio para expandirse y disputar el control de los territorios.
“Unos de los más beneficiados con el Acuerdo de Paz de 2016 han sido las organizaciones criminales de tipo mafioso, de las cuales la más grande es el Clan del Golfo. La mitad de los municipios de Colombia tiene presencia de alguna organización criminal violenta”, indicó.
Así, el error consistió en interpretar estos grupos como si tuvieran motivaciones políticas similares a las de las antiguas guerrillas, cuando en realidad responden a una lógica completamente distinta.
“Su interés no es disputar el poder del Estado ni representar una causa ideológica, sino proteger negocios ilícitos altamente rentables”, explicó el experto.
Por eso insistió en que las estrategias diseñadas para negociar con insurgencias no necesariamente funcionan frente a estructuras criminales cuyo objetivo principal es obtener ganancias económicas.
Con este mensaje, el economista de Oxford dejó una valiosa reflexión: más que discutir si el proceso fue un éxito o un fracaso, el desafío está en aprovechar la oportunidad que aún representa para llevar Estado, desarrollo y oportunidades a los territorios en donde el conflicto todavía persiste.
El Congreso fue organizado por la Contraloría General de la República y una red de universidades del país, entre ellas la UNAL, institución que ha participado activamente en el proceso de negociación y firma del Acuerdo de Paz.