La más reciente encuesta de la Organización Internacional del Trabajo ha revelado una percepción social preocupante: cerca de cuatro de cada diez personas creen que aquellos con VIH/SIDA no deben trabajar directamente con individuos no infectados. Esta tendencia refleja una realidad de desafíos significativos, y así lo advierte una investigadora antioqueña en el estudio “El derecho a la salud y al trabajo en personas con VIH/SIDA en el ordenamiento jurídico colombiano”, donde analiza cómo la protección
jurídica no siempre se refleja en la práctica cotidiana para esta las personas que padecen esta enfermedad.
Lina María Valencia, abogada y docente de la Escuela de Derecho y Gobierno del Politécnico Grancolombiano Sede Medellín, explica en su investigación que el impacto del VIH/SIDA en la sociedad es multifacético, y que, si bien se han otorgado garantías jurídicas, estas deben analizarse desde su aplicación real. En este sentido, señala que parte de esta protección ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha reconocido a esta población como sujetos de especial protección constitucional.
¿Qué encontró la investigación?
El estudio revela que el impacto del VIH/SIDA no es únicamente clínico, sino también es social, económico y laboral. En la práctica, muchas personas continúan enfrentando rechazo, estigmatización y barreras que limitan sus oportunidades. Según advierte, estas problemáticas no son ajenas a contextos urbanos como los de Antioquia, donde el acceso a un empleo digno sigue siendo un reto para poblaciones vulnerables.
En el ámbito laboral, el VIH/SIDA plantea desafíos relacionados con los derechos humanos de los trabajadores que padecen la enfermedad, ya que las personas afectadas suelen enfrentar exclusión social y laboral (debido a los efectos de la enfermedad en su estado físico), además de impactos psicológicos derivados del rechazo social. La estigmatización y el temor continúan siendo barreras que dificultan su acceso y permanencia en el empleo.
En ese contexto, las prácticas discriminatorias por parte de la empresa, compañeros de trabajo, clientes y consumidores exacerban aún más sus dificultades para encontrar o mantener un trabajo. Como consecuencia, las personas con VIH a menudo se ven obligados a trabajar en la economía informal, sin garantías laborales ni protección social.
¿En qué se ha avanzado?
La investigadora antioqueña explica que la normatividad colombiana ha venido desarrollando un marco jurídico que concede garantías enfocadas en proteger los derechos humanos, la seguridad social, la salud y el derecho al trabajo. Estas garantías se desarrollan bajo el principio de estabilidad laboral reforzada, que impide el despido por razones relacionadas con el estado de salud del trabajador. En este sentido, la Corte Constitucional ha indicado que: “Las personas con VIH/SIDA son sujetos de especial
protección constitucional por cuanto se encuentran en una situación de debilidad manifiesta.”
De esta manera las personas con VIH/SIDA cuentan con una protección constitucional especial, como lo señala la Corte Constitucional en diversas sentencias. Estos fallos han activado mecanismos para salvar sus derechos laborales y evitar la discriminación en el acceso y conservación del empleo, buscando garantizar su ingreso al mercado laboral sin revelar su condición médica, a menos que sea necesario para proteger su salud o la actividad laboral.
Además de la constitución, sus derechos también se ven amparados en decretos y leyes que regulan la información personal en el diagnóstico del VIH/SIDA, la obligación de prevención y atención integral en salud (Decreto 559 de 1991), la atención integral y obligación en la atención de salud (Decreto 1543 de 1997), la protección contra la discriminación (Decreto 780 de 2016) y la protección a los derechos fundamentales y la dignidad (Ley 972 de 2005).
Sin embargo, a pesar de estos avances legales, persiste una brecha entre la legislación y la realidad. Muchas personas continúan enfrentando prácticas discriminatorias por parte de empleadores, compañeros de trabajo y la sociedad en general. Además, prácticamente todas las políticas y recomendaciones establecidas respecto al VIH se enfocan en el trabajo formal, es decir, no cobijan al trabajador informal o de contratación por prestación de servicios, resultando, finalmente, que el trabajador VIH positivo se encuentre desprotegido a nivel nacional.
¿En qué se debe trabajar?
Para la docente, las personas con enfermedades relacionadas con el VIH deben poder trabajar con ajustes razonables, siempre que estén médicamente capacitadas. Es fundamental promover la reasignación de tareas acorde a sus capacidades, facilitar la formación para encontrar otro empleo y favorecer su reintegración laboral.
Así mismo, los empleadores deben tomar medidas concretas para eliminar las barreras laborales, a través de ajustes en la jornada laboral, adaptaciones en los equipos de trabajo, acuerdos para pausas activas de descanso, reubicación laboral conforme al estado de salud, así como proporcionar capacitación y entrenamiento necesarios, entre otras iniciativas.
Pero también, es crucial que los gobiernos, instituciones públicas, y organizaciones sigan fortaleciendo las políticas y programas destinados a eliminar la estigmatización y la discriminación. Esto es fundamental para fomentar la inclusión y la participación de estas personas en el ámbito laboral, alentando su rendimiento, siempre que su estado de salud lo permita.