El Proyecto de Ley 555 de 2025, radicado hoy en la Secretaría General de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, busca aclarar las responsabilidades de las entidades territoriales en el sistema penitenciario y carcelario, para mejorar la atención y las condiciones de las personas privadas de la libertad. La investigación en la que se basa esta iniciativa fue realizada por el Centro de Pensamiento Pospenados de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
La Sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional agravó la crisis del hacinamiento, al establecer que las personas sindicadas, es decir aquellas sin condena, no podían ser enviadas a centros de reclusión nacionales. Por eso el número de detenidos en Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) se disparó, saturando estos espacios que no están diseñados para una reclusión prolongada.
Antes de esta Sentencia, los sindicados eran enviados a cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), donde compartían espacios con condenados, diferenciándose solo por el color de sus uniformes. Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que esta práctica violaba el principio de presunción de inocencia, ya que los sindicados aún no habían recibido una condena formal.
La decisión obligó a las autoridades a mantener a estas personas en instalaciones temporales –como las Estaciones de Policía y las URI–, que no cuentan con las condiciones adecuadas para una detención prolongada, pues fueron diseñadas para albergar personas durante máximo 36 horas, pero ahora acogen a sindicados por meses o incluso años, en condiciones de hacinamiento extremo y con escasos recursos para garantizar su bienestar.
Además del hacinamiento, esta situación ha generado serios problemas de seguridad y convivencia en las ciudades. Las Estaciones de Policía, que se deberían enfocar en labores de vigilancia y control del orden público, han tenido que destinar gran parte de sus recursos y personal a custodiar sindicados, afectando su capacidad operativa y aumentado los riesgos tanto para los detenidos como para los agentes.
La profesora Edna Carolina Camelo, coordinadora del Centro de Pensamiento Pospenados, explica que “este fenómeno responde a una falta de claridad en la distribución de responsabilidades entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales. Existe una ambigüedad normativa que ha permitido que durante años la administración de las cárceles se mantenga en un limbo, sin que las autoridades locales asuman plenamente su papel”.
Urge reorganizar el sistema
Durante 6 meses investigadores del Centro de Pensamiento Pospenados analizaron documentos oficiales y derechos de petición, y construyeron matrices para identificar las funciones y competencias de cada nivel de gobierno. Precisamente esas matrices fueron fundamentales para estructurar el Proyecto de Ley.
“La falta de claridad en las competencias ha generado un desgaste institucional que afecta a toda la población privada de la libertad. Por eso es urgente definir con precisión qué le corresponde a cada nivel de gobierno para evitar la improvisación y mejorar las condiciones del sistema penitenciario”, enfatiza la profesora Camelo.
El estudio evidencia que las entidades territoriales nunca asumieron por completo su responsabilidad en la administración de centros de reclusión. Aunque la legislación establece que los municipios y departamentos deben financiar y gestionar ciertos aspectos del sistema penitenciario, en la práctica esto no ha ocurrido de manera efectiva.
Por eso el propósito principal del Proyecto de Ley radicado por el representante Pedro José Suárez Vacca es solucionar la crisis del hacinamiento y mejorar la gestión del sistema penitenciario en Colombia, a través de una redistribución clara y efectiva de competencias. Para ello busca que las entidades territoriales asuman un papel más definido en la administración de las cárceles y centros de reclusión temporal, evitando que las Estaciones de Policía y las URI se sigan utilizando como lugares de detención prolongada.
La profesora Camelo indica que con esta reorganización se espera optimizar el uso de los recursos y garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad.
Además, la iniciativa pretende fortalecer la participación ciudadana en la formulación de políticas penitenciarias; por ejemplo se propone crear sistemas de veeduría conformados por familiares de reclusos, población pospenada y organizaciones sociales, lo que permitirá una supervisión más cercana y transparente del cumplimiento de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión.
La iniciativa no solo busca mejorar las condiciones dentro de los centros de reclusión, sino también reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana. Según la coordinadora del Centro de Pensamiento Pospenados, “una política criminal más clara permitirá una mejor resocialización de las personas privadas de la libertad, lo que a largo plazo reducirá los índices de reincidencia y beneficiará a toda la sociedad”.
Contenido elaborado por: Universidad Nacional de Colombia – UNAL