UNAL denuncia amenazas contra estudiantes, docentes y trabajadores en 6 Sedes del país

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) denuncia que entre 2024 y 2026 ha atendido 25 situaciones de amenaza y violencia: 11 de estudiantes, 7 de docentes, y 7 de personal administrativo.

La Rectoría rechaza los hechos y reitera que ninguna diferencia política o institucional se puede resolver mediante intimidaciones, hostigamientos o agresiones.

De estos casos, 9 dieron lugar a denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y varios continúan en etapa de indagación, articulados con entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y varias personerías locales.

Entre quienes han padecido esa violencia está Valentina Andrade, estudiante de la Universidad quien recibió amenazas contra su vida y su integridad por el simple hecho de participar y expresarse. 

Además de este caso están el de Kevin David Arrigui, representante estudiantil; Gabriel Alejandro Gutiérrez Franco, víctima de intimidación y discurso de odio; Alejandro Ramírez Díaz, hostigado y seguido en la Facultad de Ingeniería; Valentina Muñoz Samboni, de la Sede Bogotá, y Jesús Daniel Mieles Amaris, amenazado contra su vida en la Sede Palmira. 

Entre 2024 y 2026 la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
registró 25 casos de amenazas y hechos de violencia contra
miembros de su comunidad universitaria.

A ellos se suman, en las Sedes de La Paz y Caribe, un estudiante indígena amenazado a través de medios digitales, un joven desplazado por amenazas de reclutamiento forzado del ELN, y un admitido que tuvo que abandonar San Andrés porque ir a clases ponía en riesgo su vida. 

“Detrás de cada nombre hay una persona real con un proyecto de vida que esta Institución tiene el deber de proteger”, declara la Institución.

La Universidad también indica que varios profesores han sido amenazados en distintas Sedes del país por ejercer su libertad de cátedra y su derecho al disenso. 

De igual manera, informa que ha brindado acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, orientación en rutas de denuncia y medidas de protección física, incluyendo traslados entre Sedes cuando ha sido necesario.

La Rectoría está formalizando un protocolo de acompañamiento
jurídico, psicosocial y medidas de protección para estudiantes,
docentes y administrativos afectados por intimidaciones,
hostigamientos y discursos de odio.

“Sabemos que estas medidas no bastan, pero sí expresan una voluntad institucional real de cuidar a quienes forman parte de esta casa”, advierte.

La posición institucional se da en el marco del Año de la Paz declarado por la Universidad, iniciativa con la que la Institución busca reafirmar su compromiso con la convivencia, el diálogo y la defensa de los derechos dentro de la vida universitaria.

“La intimidación aparece también entre nosotros, no podemos ni queremos guardar silencio, y tampoco permanecer sin actuar”, señala la Rectoría.

Además, manifiesta que durante los últimos años las tensiones institucionales derivadas de diferencias sobre el rumbo de la Universidad han estado acompañadas por formas de intimidación, matoneo y amenazas dirigidas contra miembros de la comunidad universitaria por ejercer su derecho a opinar, participar o disentir.

La Rectoría anuncia que está formalizando un Protocolo Integral de Actuación Frente a Amenazas y Agresiones, articulado con la Ruta de Atención a Violencias Basadas en Género y otras instancias estatales.

La UNAL hace un llamado a resolver las diferencias institucionales a través del diálogo y no mediante actos de intimidación o violencia.

Este protocolo establecerá rutas de denuncia, atención psicosocial y acompañamiento jurídico para estudiantes, docentes y trabajadores afectados por hechos de violencia dentro de la Institución.

“En la Universidad ninguna víctima de violencia deberá enfrentar ese camino en soledad. Quien amenace, hostigue o agreda a un miembro de esta comunidad deberá responder ante la ley”, puntualiza la Institución.

La Rectoría hace un llamado a resolver las diferencias institucionales a través del diálogo y no mediante actos de intimidación o violencia.

“La violencia no construye, no convence y no gana. Siéntense a dialogar”, concluye la Rectoría.

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