Suturas dolorosas, intervenciones sin consentimiento y frases intimidantes durante el parto son procedimientos y conductas que dejan más que un mal recuerdo: dejan cicatrices físicas, dolor persistente y una sensación de despojo sobre el propio cuerpo. Con base en tres relatos de mujeres que dieron a luz en hospital y en partería urbana, un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) evidenció que aunque en el momento esas experiencias suelen naturalizarse, sus efectos se pueden traducir en miedo a futuras atenciones y desconfianza hacia el sistema de salud.
En su investigación, la fisioterapeuta Yenny Paola Mora Gracia, magíster en Estudios de Género de la UNAL Sede Bogotá, identificó que la violencia durante el parto no siempre se nombra como violencia de género en el momento en que ocurre; muchas mujeres solo lograron reconocerla como tal años después, cuando narraron lo vivido y reflexionaron sobre las intervenciones médicas y el trato recibido.
“Me hicieron una sutura que a mí misma me daba pena, yo escuchaba que en el mismo servicio médico decían que me habían cosido como un costal. […] Si pienso el cuerpo como territorio pues me despojaron y modificaron muchos cauces, el cuerpo no es el mismo luego de tanta violencia”, relata Violeta.
Daniela, quien ya había tenido 2 partos con parteras tradicionales en su tierra natal, también relata las consecuencias físicas que le dejó su parto en hospital: “con el bebé que tuve en el hospital fue una experiencia espantosa, desde las palabras hasta la episiotomía (cirugía para ampliar la abertura vaginal), que aún me genera dolor en las relaciones sexuales; el dolor sube hasta el estómago, es constante. Yo reflexiono y las marcas físicas me recuerdan qué las produjo, y yo me reprocho no haber hecho el esfuerzo de parir con partera”. En su caso, el dolor persistente no es solo una secuela física, sino también una memoria corporal que reactiva la experiencia vivida.
Según la magíster Mora, la medicalización excesiva, la falta de consentimiento informado y el uso de expresiones intimidantes o humillantes configuran un escenario en donde la autonomía se ve limitada, pues las decisiones sobre el cuerpo y el proceso reproductivo son asumidas por terceros sin diálogo suficiente. Ese ambiente de desautorización y silenciamiento no se expresa solo en intervenciones médicas, sino también en el lenguaje con el que se trata a las mujeres durante el parto.
“No le gustó, ahora aguántese”, “no gritaba así cuando lo estaba haciendo”, “si usted no colabora su bebé se puede morir”, “si usted no puja bien le puede pasar algo a su bebé”, “si sigue gritando así, no le vamos a poner anestesia”. Estas frases, registradas en la Encuesta Nacional de Parto y Nacimiento en Colombia, evidencian que el maltrato verbal y la intimidación siguen presentes en la atención obstétrica. La Encuesta, realizada por el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en alianza con Profamilia y varias universidades, se presentó en marzo de 2025.
Para la Encuesta se analizaron 2.943 partos en distintas regiones del país, y mostró que el 42,2 % de las mujeres reportó situaciones de negligencia durante su parto, el 35,7 % señaló represión de emociones, y el 27,1 % manifestó haber recibido amenazas o intimidaciones por parte del personal de salud. Es decir que las restricciones a la autonomía descritas en los relatos individuales encuentran eco en cifras nacionales.
Nombrar la violencia para entender sus efectos
Para su investigación la magíster Mora partió de una perspectiva feminista y de conocimiento situado, poniendo en el centro las voces de las mujeres para identificar los episodios de violencia durante el parto, su significación en el cuerpo y las acciones que cada una ha intentado para superarlas, transformarlas o mitigarlas. Más que establecer una tipología jurídica de la violencia, el trabajo buscó comprender cómo esta se naturaliza en el momento del parto y solo adquiere nombre cuando las mujeres logran narrarla y reflexionar sobre ella.
Para ello exploró 3 partos en instituciones hospitalarias —públicas y privadas— y 1 en partería urbana, fuera del modelo hospitalario tradicional. La comparación entre estos escenarios permitió analizar no solo las prácticas médicas, sino también las dinámicas de poder, el trato recibido por las mujeres y los márgenes reales de decisión que tuvieron en cada contexto. A través de entrevistas semiestructuradas, cartografías corporales y ejercicios de escritura reflexiva, la investigadora analizó cómo esas experiencias quedaron inscritas en el cuerpo y en la memoria de las participantes.
Las cartografías corporales consistieron en autorretratos del cuerpo acompañados por un ejercicio de escritura libre, en el que las mujeres “mapearon” territorios, escenas y sensaciones vinculadas a sus historias de parto, para ubicar de manera precisa dónde se alojan los recuerdos y afectaciones. En esos mapas no solo aparecieron cicatrices, zonas de dolor persistente y sensaciones de tensión o bloqueo, sino también procesos de resignificación y búsqueda de cuidado.
Ese material no reemplazó las entrevistas, sino que las complementó, porque permitió que las participantes narraran desde la piel el dolor, el miedo o la rabia, más allá de la cronología del hecho.
“El principal hallazgo de este estudio es que la violencia durante el parto no siempre se nombra como violencia de género en el momento en que ocurre, muchas veces el personal de salud la naturaliza, y solo en el proceso de narración y reflexión las mujeres logran identificarla. Recuperar el parto como suceso natural no significa rechazar la medicina”, destaca la investigadora Mora.
“Aunque cada mujer vive sola la violencia obstétrica, su impacto es colectivo, ya que cuando hay violencia obstétrica no solo hay un efecto desafortunado para la persona, sino que también mina la confianza en los servicios de salud, al preferir no ir a los controles prenatales, aumentando así el riesgo de complicaciones en sus embarazos; otras evitarían la citología aumentando su riesgo de cáncer de cérvix o incluso decidir no vacunarse, exponiéndose a infecciones ellas y su comunidad, lo que desembocaría en un problema de salud pública mayor”.
“Cuando esto ocurre, algunas mujeres prefieren no asistir a controles prenatales, lo que incrementa el riesgo de complicaciones en sus embarazos; otras pueden evitar la citología, aumentando su riesgo de cáncer de cérvix, o incluso decidir no vacunarse, exponiéndose ellas y su comunidad a infecciones. No solo hay un efecto desafortunado para la persona, sino que se transforma en un problema de salud pública mayor”, explica la ginecoobstetra Laura Leonor Gil Urbano, médica y ginecóloga de la UNAL Sede Bogotá.
Esa desconfianza se puede extender entre amigas, familiares y plataformas digitales, y terminar por entorpecer procesos de atención adecuados y necesarios. “La paciente desconfía del trato que recibirá y de las decisiones clínicas que se tomen en su caso, y eso también repercute en el personal médico, que percibe esa prevención y se crea un ambiente poco propicio para la atención”, agrega la experta.
“Aunque según el Ministerio de Salud en 2024 la mortalidad materna disminuyó un 2,7 % frente a 2018, Colombia sigue sin contar con estadísticas oficiales que permitan dimensionar la violencia obstétrica”, advierte la profesora María Luisa Rodríguez Peñaranda, de la Facultad de Derecho de la UNAL.
Más que normas, cambio cultural
En las últimas dos décadas ha habido avances legislativos, como la Ley 2244 de 2022 sobre “parto digno, respetado y humanizado”, que reconoce y garantiza los derechos de las mujeres gestantes y de los recién nacidos. Sin embargo, para Stella Conto, exmagistrada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el avance normativo no es suficiente si no se transforman prácticas culturales profundamente arraigadas.
“Defender los derechos de las mujeres es complejo, incluso en las Altas Cortes. El avance normativo es fundamental, pero no basta. Se requiere remover obstáculos culturales como considerar que las mujeres están obligadas a soportar la violencia, minimizar lo ocurrido o justificar al agresor. Muchas condenas contra el Estado por este tipo de violencia se aplican años después, cuando para las víctimas ya todo está perdido”, concluye la experta.